La fiscal Andrea Vega habló tras la imputación llevada a cabo este jueves a Pablo Ariel Bustos (47) y Valeria Anahí Cinalli (47), acusados de haber suministrado en al menos tres oportunidades marihuana y cocaína a su hijo de 5 años. Según explicó, por la calificación legal escogida podrían afrontar una pena de entre 10 y 25 años de prisión. Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de seis meses. El niño ya se encuentra recuperado tras la última intoxicación, ocurrida en septiembre, que derivó en su internación en el Vilela.
En conferencia de prensa desde el Centro de Justicia Penal, Vega detalló que dos de las tres internaciones del menor fueron por consumo de cocaína, y la restante por marihuana, que se presume ingresó a su organismo por el vapeo dentro de la vivienda que compartía con sus padres y su hermano de 8 años.
La funcionaria explicó que el primer episodio se interpretó como una exposición ambiental y que en el segundo el resultado dio positivo de marihuana. Sobre el tercero, indicó que, habiendo existido riesgo de vida, no pudo tratarse de un hecho accidental, por lo que se descartó que fuera culposo: remarcó que los padres conocen el riesgo al que exponen a sus hijos.
Vega descartó, por el momento, que los imputados se dedicaran a la comercialización de droga, ya que en el allanamiento no se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento o la distribución de sustancias. Sí confirmó que ambos atraviesan un consumo problemático, que podría haber afectado a sus dos hijos desde los respectivos embarazos: según indicó, los menores presentan dificultades en el habla y en su desarrollo, posibles secuelas del consumo materno durante la gestación.
La fiscal no descartó que el niño haya ingerido sustancias en otras ocasiones, aunque aclaró que solo hay constancia de las tres hospitalizaciones registradas desde diciembre de 2024. Además, describió cierta situación de marginalidad en la vivienda familiar: una casilla pequeña, dentro de un predio donde también hay una casa de material más grande habitada por otros familiares.
Consultada sobre la eventual pena, Vega indicó que el mínimo previsto es de 10 años y que el máximo supera ampliamente los 25. Esto se debe a que la calificación legal aplicada fue tentativa de homicidio agravado por el vínculo, en concurso real con suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad.
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