Diez militares, trece civiles
Según pudo confirmar Infobae con fuentes navales, el total de beneficiarios identificados asciende a 23: diez pertenecientes a la fuerza y trece ajenos a ella. Todo el personal militar involucrado fue relevado de sus cargos y quedó sujeto, desde el 16 de septiembre, a un procedimiento disciplinario interno formalizado esa misma noche. Este número corrige la cifra de nueve efectivos que había trascendido inicialmente.
La Armada todavía no resolvió expulsiones automáticas: inició una instrucción por falta «gravísima», dentro de la cual la destitución figura como la sanción máxima. Ya se designó a un abogado militar para conducir esa primera etapa, en la que los acusados podrán ejercer su defensa antes de que se determinen las responsabilidades de cada caso.
La orden de Presti
El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, había instruido expresamente a Romay para que avanzara con las sanciones. «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes», declaró el funcionario, y agregó: «Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina […] pasen ya a ser destituidos». Sobre la causa penal, Presti fue igual de contundente en diálogo con TN: espera que la Justicia los encuentre culpables, que restituyan el dinero y terminen presos.
El caso avanza así por dos vías paralelas: la disciplinaria, a cargo de la propia fuerza, y la judicial, que quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Sebastián Ramos tras la denuncia presentada el 15 de septiembre.
Cómo operaba la maniobra
El mecanismo aprovechaba la ventana entre el cierre de cada liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación. Cuando un pago previsto debía bloquearse —por una baja, un retiro, un fallecimiento o un error detectado en los controles—, ese dinero debía devolverse a la Tesorería General de la Nación. Parte de esos fondos, sin embargo, se desviaba antes de esa devolución mediante dos vías: el incremento transitorio del monto asignado a una persona, o la incorporación directa de un pago sin respaldo en ninguna liquidación de haberes. Los cambios se hacían después de los controles ordinarios, aprovechando el volumen de más de 24.000 acreditaciones mensuales del personal naval, y en muchos casos se revertían una vez generado el archivo bancario —por eso lo transferido no siempre coincidía con lo que figuraba en el recibo de haberes—.
Al tratarse de transferencias b.ancarias a cuentas nominativas, los investigadores pudieron cruzar liquidaciones originales, recibos, distintas versiones de los archivos de pago y confirmaciones del Banco Nación para reconstruir el circuito y vincular cada pago con un beneficiario concreto.
El capitán Atanasoff, señalado como responsable central
Las actuaciones ubican al capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista, como pieza clave del esquema. Según su propia declaración durante la investigación, conocía los pagos a personas ajenas a la Armada, definía personalmente beneficiarios e importes y ejecutaba las operaciones de forma manual. Además reconoció que el mecanismo buscaba beneficiar no solo a los cuatro receptores externos, sino también a otros 19 integrantes de la fuerza alcanzados por la causa.
Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían ningún vínculo laboral con la Armada y concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04 —el 44,25% del total reconstruido—. María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, fue la principal receptora individual, con 46 pagos por $152.259.495,86. Le siguieron Damián Andrés Santana (47 pagos, $99.496.225,47) y Amalia Cristina Díaz (46 pagos, $91.978.048,38).
De un hallazgo aislado a una investigación de tres años
Las primeras alertas surgieron en febrero de 2026, cuando una revisión de la liquidación de enero detectó cinco acreditaciones incorrectas en el propio Departamento Revista; el dinero fue devuelto y, en ese momento, no había elementos para hablar de un mecanismo deliberado ni para vincular a Atanasoff. Aun así, en marzo se reforzaron los controles: la Tesorería pasó a gestionar las acreditaciones ante el Banco Nación y Contabilidad comenzó a conciliar de manera independiente la cuenta usada para pagar los haberes.
El quiebre llegó en agosto, cuando nuevas revisiones sobre períodos anteriores detectaron pagos sin respaldo, entre ellos los dirigidos a la esposa de Atanasoff. Fue el primer dato que lo comprometió personalmente: se lo relevó de inmediato, se resguardaron los equipos informáticos utilizados para armar los archivos bancarios y se ordenó una revisión integral hacia atrás. Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre la Armada reconstruyó la operatoria completa con información adicional del Banco Nación, bajo el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.
El resultado final —645 acreditaciones indebidas entre julio de 2022 y enero de 2026, por $981.148.567,88— superó ampliamente el hallazgo inicial. Fuentes navales de alto nivel remarcaron que esta es la cifra respaldada documentalmente, a diferencia de otras estimaciones mayores que circularon sin sustento en la investigación interna.
Casos particulares y devoluciones
Entre las situaciones reconstruidas figura la del capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, que habría cobrado haberes en el país en simultáneo con los que percibía estando destinado en el exterior —algo que el sistema debería impedir automáticamente excluyendo al personal en el extranjero de los archivos de pago locales—, además de acreditaciones a su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, durante una licencia sin goce de haberes.
Otros oficiales devolvieron sumas cobradas de más: los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios transfirieron a la cuenta del Servicio Administrativo Financiero los excedentes de enero de 2026, mientras que Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni restituyeron el 11 de septiembre la totalidad de lo cobrado indebidamente. La Armada aclaró que estas devoluciones —que hasta la denuncia sumaban $42.574.267,63, dejando un saldo pendiente de $938.574.300,25— no alteran el monto histórico detectado, solo reflejan cuánto se recuperó hasta ahora. El nivel de conocimiento y responsabilidad de cada perceptor deberá determinarse caso por caso, tanto en el sumario interno como en la causa judicial.
La denuncia y la reacción institucional
El 15 de septiembre, una vez reunida la evidencia técnica, bancaria y administrativa, el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera, presentó la denuncia ante la Justicia Federal, con informes técnicos, documentación bancaria, planillas, declaraciones y registros informáticos, además de los equipos preservados. Al día siguiente, Romay dispuso apartar a todo el personal militar involucrado y abrió la instrucción disciplinaria.
La secuencia —detección interna, refuerzo de controles, reconstrucción de operaciones que se remontan a 2022, relevo preventivo del responsable, preservación de pruebas, denuncia judicial y sumario disciplinario— es presentada por la fuerza como una respuesta destinada a evitar que la conducta de un grupo reducido afecte a una institución de unas 24.000 personas. El desenlace disciplinario sigue abierto, pero tanto Defensa como la conducción naval ya marcaron con claridad la orientación hacia las sanciones más severas, mientras la Justicia Federal deberá establecer las responsabilidades penales por un esquema que, durante más de tres años, desvió cerca de $1.000 millones del circuito de pago de haberes.
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