Las negociaciones entre el Gobierno y los gremios universitarios, tanto docentes como no docentes, sumaron este jueves un nuevo capítulo sin resultados positivos. El encuentro comenzó a las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación, que a principios de mes había ofrecido subas del 3% en septiembre y otro 3% en octubre, propuesta ya rechazada entonces por todas las organizaciones sindicales. Esta mañana se repitió la misma oferta y el desenlace fue idéntico: los gremios volvieron a decir que no.
«El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas», advirtió uno de los representantes gremiales que participó de la reunión con funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Los sindicatos docentes reclaman que se apliquen los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada: no solo los incrementos ya anunciados por el Gobierno, sino también una recomposición salarial del 32,5%, porcentaje que —según los gremios— se perdió durante los primeros años de gestión de Javier Milei.
A las 15 estaba prevista una segunda reunión, esta vez entre las autoridades educativas y los gremios no docentes. Una vez terminada, ambos sectores sindicales iban a reunirse para empezar a delinear los próximos pasos de la protesta. La alternativa que gana terreno es la de una nueva marcha federal universitaria, que sería la quinta desde que asumió este Gobierno y la segunda del año.
El trasfondo de esta pulseada no es menor. El proyecto de Presupuesto 2027 le asigna a las universidades públicas $7,3 billones, un 33% menos que los $11 billones que los rectores consideran necesarios para cubrir salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios, en medio de la disputa por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Según estimaciones de las 60 universidades nacionales, casi el 90% de esos fondos requeridos se destina a sueldos del personal docente y no docente, mientras que el resto cubre gastos operativos, obras, investigación, becas y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
A ese desfasaje presupuestario se suma el frente judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Poder Ejecutivo todavía no cumplió de manera integral con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que la medida cautelar que ordena su aplicación sigue vigente. «Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes», señaló ante Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
Desde el Ejecutivo cuestionan los montos reclamados por los gremios y argumentan que la Justicia todavía no ordenó la aplicación total de la ley. Voceros oficiales explican que la cautelar solo habilitó ajustes puntuales en becas y salarios, y remarcan que el incremento previsto para octubre deja las remuneraciones por encima de lo que exige el fallo judicial. En esa línea, el Gobierno sostiene que el Presupuesto del año próximo ya contempla tanto la medida cautelar como una inflación proyectada del 18%, dentro de una partida bautizada «refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos». También aclaró que existe un tope específico para los fondos hospitalarios que suele absorber en gran parte la Universidad de Buenos Aires, y pidió a los hospitales universitarios provinciales que rindan cuenta de sus gastos.
El oficialismo insiste en que el funcionamiento de las universidades estará garantizado el año próximo y ubica el conflicto casi exclusivamente en la discusión salarial: el Presupuesto prevé una suba del 20% para gastos de funcionamiento, mientras que los sueldos consumen alrededor de nueve de cada diez pesos del sistema universitario.
Una de las pocas voces oficiales que se refirió públicamente al tema fue la del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien salió a rechazar que las políticas del Gobierno sean insensibles frente al reclamo universitario. Que una figura cercana al Presidente deba salir a responder marca hasta qué punto el tema universitario volvió a instalarse en la agenda pública, algo que los propios rectores perciben: ayer mismo presentaron su propuesta presupuestaria ante el Congreso, donde se discutirá el Presupuesto 2027. En el entorno de Milei descartan cualquier cambio de rumbo en la política de fondos para las universidades: «Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema», sostienen.
A diferencia de otros años, el Gobierno ya no cuenta con el mismo respaldo social para avanzar con el ajuste en áreas de alta sensibilidad pública, como las universidades nacionales o el sector de Discapacidad. Dentro del CIN empieza a tomar fuerza la idea de advertir que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo, un planteo que también podrían llevar los propios gobernadores a sus conversaciones con el Gobierno, dado el alcance federal de las más de 50 universidades nacionales repartidas por el país.
En el plano judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había ordenado en diciembre que el Ejecutivo cumpliera con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre rechazó un nuevo pedido oficial para levantar la cautelar, que la Corte Suprema ya había ratificado el 25 de junio. Los rectores acusan a los abogados del Estado de dilatar los pagos con sucesivas presentaciones judiciales. En paralelo, el CIN avanza con una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley pero suspendió su aplicación, con el argumento de que no había recursos asignados ni una fuente de financiamiento definida. Las universidades también solicitaron que se sancione con multas a los funcionarios responsables y que se investigue una eventual causa penal por desobediencia.
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