El gobierno de Reino Unido difundió este martes una guía oficial que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y niega que Argentina tenga potestad para ejercer jurisdicción sobre las firmas que operan en el archipiélago. Se trata de la primera respuesta oficial y directa a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
Qué dice el documento británico
El texto, titulado «Hacer negocios con las Islas Malvinas», fue divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) y sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro del archipiélago ni sobre las compañías o personas que hacen negocios allí. El documento afirma, además, que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que tribunales de ningún país —fuera de la propia Argentina— puedan ejecutar las medidas que adopte Buenos Aires.
El gobierno británico recordó también que sanciones impuestas en el pasado por distintas administraciones argentinas rigieron durante años sin frenar el crecimiento económico de las islas, y remarcó que el escenario actual no se aparta de ese historial.
El trasfondo: el proyecto de ley de Milei
La publicación llegó 11 días después de la cadena nacional en la que Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de «defensa de la soberanía nacional», con sanciones económicas más duras para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina reclama como propias, y que también alcanzaría a empresarios y firmas que operan en Malvinas.
En esa oportunidad, el mandatario había definido al yacimiento Sea Lion —un campo petrolero en aguas profundas situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas— como una amenaza directa para los intereses del país. La iniciativa apunta en particular al consorcio Rockhopper-Navitas, que proyecta comenzar la extracción en 2028 y prevé obtener 170 millones de barriles en una primera etapa.
El proyecto legislativo contempla sanciones para proveedores, accionistas y directores, y podría impedirles operar o firmar contratos dentro del territorio argentino. Desde Rockhopper señalaron que no esperan que el anuncio tenga un impacto significativo en el desarrollo del proyecto.
La guía británica reafirma que Londres no discutirá la soberanía del archipiélago a menos que los propios isleños lo pidan, postura que sostiene desde que administra las islas de manera ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El documento sostiene, además, que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la potestad de explotar sus propios recursos naturales —entre ellos los hidrocarburos— bajo la regulación del gobierno local y en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Las tres líneas de acción para las empresas
La guía plantea tres recomendaciones concretas. En primer lugar, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para hacer cumplir las medidas de Buenos Aires. En segundo lugar, aconseja que toda empresa o persona que reciba correspondencia o amenazas de acciones legales por parte de las autoridades argentinas busque asesoramiento legal independiente según su situación particular. Por último, ofrece la intervención directa del gobierno británico: si una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrenta presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO se compromete a manifestar su posición ante esa empresa de forma directa.
La lectura de Quirno sobre el memorando de Escocia, Gales e Irlanda del Norte
En paralelo, el canciller Pablo Quirno buscó capitalizar otro frente abierto dentro del Reino Unido. Un día antes, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— firmaron en Cardiff un memorando en el que reclaman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y cuestionan que la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta condicione la democracia.
Durante su exposición en la apertura del Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) —un evento con particular resonancia para regiones exportadoras como Rosario y el sur de Santa Fe—, Quirno calificó esa declaración conjunta como una buena noticia para la Argentina, al considerar que coincide con el reclamo histórico del país por su propia integridad territorial. El funcionario reconoció que estos movimientos le dan mayor relevancia al planteo soberano argentino, aunque evitó opinar sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales reclamos diplomáticos por las sanciones a las petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que existan quejas y sostuvo que Argentina actúa conforme a su legislación, buscando sumar herramientas para defender sus intereses en Malvinas. También expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto impulsado por Milei, al que definió como un instrumento para mejorar las condiciones del país en defensa de su soberanía.
El proyecto, a horas de llegar al Congreso
Mientras el gobierno británico difundía su guía, en Buenos Aires el oficialismo ultimaba la redacción del proyecto de ley. El texto se encuentra en revisión final en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. El envío al Congreso, previsto originalmente para el inicio de esta semana, se demoró por ajustes técnicos pendientes, aunque desde el Gobierno esperan girarlo en los próximos días.
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