El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció este martes que el Gobierno nacional ampliará las denuncias judiciales contra empresas y particulares que desarrollen actividades en las Islas Malvinas que vulneren la soberanía argentina.
Nueva denuncia judicial
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que «se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías» y agregó que el Gobierno «continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas».
Base naval en Tierra del Fuego
Ravier también se refirió al avance de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, que —según detalló— cumplirá múltiples funciones logísticas y estratégicas. «La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía», señaló.
El funcionario precisó además que la infraestructura brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida y dotará al país de capacidad de protección naval y aérea, mediante un avión de patrulla marítima P-3 Orión y los nuevos aviones F-16.
Impacto económico
Sobre los beneficios económicos de la obra, Ravier remarcó que la base contará con muelles comerciales y civiles que impulsarán el desarrollo de una región donde actualmente los buques enfrentan demoras para amarrar por falta de capacidad. También sostuvo que la infraestructura será clave para la protección de proyectos estratégicos del sur del país, como Vaca Muerta.
Antecedentes
Las declaraciones se dan después de que el presidente Javier Milei afirmara, el jueves 3 de septiembre en la cadena nacional por Malvinas, que el Gobierno utilizará «todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía».
Días antes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, habían presentado una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por presunto «contrabando pesquero» contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos otorgados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.
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