El gobierno británico salió al cruce este jueves de las medidas que Argentina viene aplicando contra compañías vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), la funcionaria Kumaran calificó de «inaceptables» y «sin justificación legal» las acusaciones y sanciones que Buenos Aires impulsa contra empresas e individuos que operan directa o indirectamente en el archipiélago, incluido el sector hidrocarburífero.
El pronunciamiento se dio horas después de conocerse el proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el Ejecutivo argentino envió al Congreso.
La posición británica
En su declaración, la funcionaria reafirmó la postura histórica de Londres: sostuvo que las islas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como parte de su autodeterminación. Señaló además que, en las últimas semanas, Argentina continuó presionando a empresas y personas que proveen bienes y servicios al archipiélago, y remarcó que el Reino Unido está alineado con la comunidad internacional frente a lo que considera un intento de politizar mecanismos legales contra quienes hacen negocios con las islas.
Esta postura se enmarca en una secuencia que había comenzado el 15 de septiembre, cuando el gobierno británico publicó una guía titulada «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», dirigida a empresas que operan en el archipiélago o le suministran bienes y servicios. Allí, Londres sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas, que su legislación interna no alcanza a las compañías que allí operan, y que no existe base jurídica para que tribunales de otros países ejecuten medidas argentinas contra esas firmas. El documento también ofreció respaldo directo a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países y recomendó asesoramiento legal independiente a quienes reciban notificaciones de las autoridades argentinas.
Esa guía se conoció nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte. Para Rockhopper Exploration, una de las compañías señaladas, no es la primera sanción: ya había sido inhabilitada por 20 años mediante una resolución de 2013.
La respuesta de Buenos Aires
La Cancillería argentina expresó su rechazo al documento británico y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, otra de las licenciatarias de Sea Lion— para entregarles notas de protesta. En su comunicado, sostuvo que los archipiélagos se encuentran ocupados ilegítimamente por el Reino Unido y acusó a Londres de promover actividades comerciales e hidrocarburíferas sin sustento legal, remarcando que ninguna guía extranjera ni decisión comercial privada puede prevalecer sobre el derecho nacional e internacional.
Ley de Soberanía Nacional y freno judicial a Sea Lion
En paralelo, trascendió el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, firmado por Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa) y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La iniciativa reemplazaría la Ley 26.659 de 2011 —hasta ahora limitada a hidrocarburos— por un régimen más amplio, ya aplicado parcialmente a través del Decreto 868/2026, que extendería las restricciones a cualquier explotación de recursos naturales en zonas bajo soberanía argentina. Prevé penas de hasta 20 años de prisión, además de multas, inhabilitaciones y prohibición de operar en el país.
El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto a los titulares de Inteligencia y de Legal y Técnica, con el objetivo de articular de forma permanente las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado.
A esto se sumó, días atrás, una decisión judicial: la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, ordenó a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas a Sea Lion, una medida cautelar que alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
Seguinos