La concejala Carolina Labayru (Unidos) pasó por Escenario Mercenario y explicó los detalles del proyecto que impulsa en el Concejo Municipal de Rosario para establecer un plan de acción integral ante casos de acumuladores. Se trata de personas que almacenan de manera excesiva y persistente objetos, materiales o residuos en sus viviendas. La propuesta busca ordenar la respuesta del Estado local cuando esa situación pone en riesgo la salud, la seguridad o las condiciones de habitabilidad, tanto de quienes viven en el inmueble como de sus vecinos.
La idea central es que la intervención no se limite a vaciar o limpiar una propiedad. El plan prevé que trabajen en conjunto las áreas municipales de salud, salud mental, asistencia social, ambiente y gestión de riesgos, entre otras, para evaluar cada caso, acompañar a las personas involucradas y atacar las causas que originaron el problema. “Cuando aparece una situación de este tipo, la respuesta tiene que ir más allá de limpiar el lugar. Hay que evaluar qué está pasando, qué riesgos existen y qué necesita esa persona para poder mejorar sus condiciones de vida”, planteó la edila.
El plan se activará solo ante indicadores concretos y verificables de riesgo. Entre ellos figuran condiciones graves de insalubridad, presencia de roedores o vectores, accesos y vías de evacuación obstruidos, peligro de incendio o deterioro estructural. También contempla los casos en que la acumulación impida usar espacios esenciales de la casa, dificulte gravemente el cuidado personal o del inmueble, afecte a propiedades linderas o al espacio público, o comprometa el bienestar de animales.
Es decir, no cualquier acumulación habilitará una intervención: tendrá que existir una afectación comprobable de la salud, la habitabilidad, la integridad de las personas o los derechos de terceros. “Cuando una situación de acumulación llega a un punto crítico, hay mucho más detrás que una casa desordenada. Tenemos que entender qué está pasando y qué necesita esa persona”, sostuvo Labayru, y remarcó que cada caso requiere una respuesta propia: “Detrás de estas situaciones hay personas con historias y circunstancias muy distintas. Por eso no podemos responder de la misma manera en todos los casos”.
Uno de los ejes del proyecto es el resguardo de quienes habitan la vivienda. Las actuaciones deberán respetar su dignidad, autonomía, intimidad y voluntad, y garantizarles información clara y participación en las medidas que se planifiquen. Además, la acumulación de objetos no podrá tomarse por sí sola como un diagnóstico de salud mental ni servirá para justificar medidas compulsivas, ya que la evaluación se apoyará en los indicadores de riesgo y no en juicios sobre cómo cada uno organiza su espacio.
En la misma línea, para entrar a una vivienda habitada se necesitará el consentimiento válido de la persona o una autorización judicial, salvo las emergencias excepcionales que ya prevé la ley. La ordenanza no crea nuevas facultades para ingresar por la fuerza ni habilita tratamientos involuntarios. “Tenemos que cuidar la salud y la seguridad de la persona, pero también respetar sus derechos, sus pertenencias y su intimidad”, señaló la concejala. Eso sí: cuando haya un peligro cierto e inmediato para la vida o la integridad de alguien, los organismos de emergencia deberán actuar sin esperar los trámites administrativos habituales.
Las distintas dependencias municipales se coordinarán a través de los centros municipales de distrito y, si el caso lo amerita, se podrá convocar a un equipo de intervención multidisciplinaria. El proyecto establece además que ninguna área podrá rechazar una presentación argumentando que le corresponde a otra. Los vecinos podrán hacer el reclamo por la línea 147, MuniBot, Perfil Digital, los centros municipales de distrito o los efectores de salud, y también se tomarán las situaciones que detecte directamente el municipio.
Cada caso quedará registrado en el Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci) y pasará por una evaluación inicial para definir si corresponde intervenir, qué áreas deben hacerlo y si hace falta un abordaje conjunto. “Queremos que el municipio tenga un procedimiento claro para saber cómo actuar, quién tiene que intervenir y cómo se sigue cada caso”, explicó Labayru. Y agregó: “La idea es que haya una respuesta organizada, que se pueda seguir y que no dependa de quién recibe primero el reclamo”.
Cuando intervengan varias dependencias, se armará un plan individual con responsables, acciones prioritarias y criterios de seguimiento. Las tareas de limpieza o saneamiento podrán hacerse cuando sean necesarias y legalmente procedentes, pero deberán ser proporcionales y quedar documentadas, preservando documentos, pertenencias y bienes de valor, con pautas para su resguardo y devolución. Por sí sola, la limpieza no se considerará una respuesta suficiente y deberá ir acompañada de asistencia sanitaria y social cuando corresponda. “Una intervención no termina cuando se retiran los residuos. Tenemos que saber si se redujeron los riesgos y si la persona cuenta con el acompañamiento que necesita”, afirmó.
Todas las solicitudes deberán tener un cierre administrativo fundado y, si se activó un equipo multidisciplinario, también un cierre operativo documentado una vez cumplidas las medidas y controlados los riesgos. Ese cierre no implica necesariamente el fin de los tratamientos o acompañamientos que deban continuar, y ante nuevos reclamos la situación volverá a evaluarse. Según Labayru, el abordaje también tiene que contemplar a quienes viven alrededor: “También tenemos que atender los riesgos que estas situaciones pueden generar para los vecinos”.
El texto definitivo se redujo de 31 a 8 artículos y dejó en manos del Departamento Ejecutivo la elaboración de los procedimientos específicos. Una vez promulgada la ordenanza, el municipio tendrá 90 días para reglamentarla y aprobar el protocolo operativo, que definirá los circuitos de actuación ordinaria y de emergencia, las responsabilidades de cada área, los mecanismos de registro y resguardo de bienes y las pautas de seguimiento y cierre.
“Necesitamos una herramienta que permita actuar a tiempo, con criterios claros y con cada área asumiendo su responsabilidad. La idea es que la intervención no termine cuando se limpia una vivienda, sino que haya acompañamiento y seguimiento para reducir los riesgos y evitar que la situación vuelva a repetirse”, concluyó la concejala.
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