El Concejo Municipal comenzó este miércoles el tratamiento conjunto del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. Durante una reunión de tres comisiones, los distintos bloques expusieron sus diferencias, principalmente sobre las excepciones a la prohibición y las medidas de inclusión social destinadas a quienes realizan esta actividad.
El encuentro reunió a integrantes de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, y Convivencia y Seguridad Ciudadana. Allí analizaron la propuesta de la Intendencia para adherir a la ley provincial Nº 14.486, que establece sanciones para quienes ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero u otros beneficios.
Desde el interbloque oficialista Unidos defendieron la prohibición como eje central de la iniciativa, aunque remarcaron la necesidad de contemplar situaciones sociales particulares. En ese sentido, respaldaron el artículo que permite al Ejecutivo establecer excepciones en determinados lugares y circunstancias, como podría ocurrir durante la Fiesta de Colectividades. También señalaron que el Concejo deberá intervenir en la definición de esas autorizaciones por su competencia sobre el espacio público.
Por su parte, los bloques peronistas y Ciudad Futura cuestionaron el enfoque prohibicionista por considerar que no es inclusivo y que puede criminalizar la pobreza. En contraposición, propusieron avanzar con programas de desarrollo personal y reconversión laboral, solicitaron información más detallada sobre las personas que realizan la actividad y plantearon la participación de organizaciones sociales, entre ellas la Pastoral Social. Además, recordaron que el artículo 300 del Código de Convivencia ya establece restricciones sobre esta práctica.
Cuántos cuidacoches hay registrados en Rosario
Durante el debate se expusieron cifras municipales que reflejan un crecimiento de la cantidad de cuidacoches registrados en la ciudad. Según los datos presentados en la reunión, en 2024 había 573 personas dedicadas a la actividad; en 2025, 754; y actualmente la cifra asciende a 1.395. Esto representa un incremento del 153% en dos años.
La Libertad Avanza, en tanto, anticipó su respaldo a la prohibición, pero rechazó la posibilidad de establecer excepciones. Sus representantes también reclamaron precisiones sobre el protocolo de actuación que se aplicará para hacer cumplir la normativa.
El proyecto municipal propone modificar el Código de Convivencia Ciudadana e incorporar sanciones que incluyen multas, tareas educativas y de concientización, además del decomiso de elementos utilizados para desarrollar la actividad. Las penalidades se agravarían cuando existan amenazas o hechos de violencia, cuando las infracciones ocurran en determinadas zonas o cuando se identifique a personas que organicen la actividad.
La iniciativa también contempla medidas de prevención e inclusión social en coordinación con el Gobierno provincial. Entre ellas se encuentran programas de capacitación en oficios, acceso al empleo, acompañamiento a emprendimientos productivos, terminalidad educativa y dispositivos de atención de salud mental y consumos problemáticos.
Seguinos