La Municipalidad de Rosario lleva realizadas 30 clausuras en lo que va de 2026, y en los últimos meses intensificó los controles sobre las chatarrerías ante un leve repunte en el robo de cobre. Así lo explicó el secretario de Control municipal, Diego Herrera, en diálogo con Escenario Mercenario, tras los operativos de esta semana que terminaron con el cierre de tres locales en la ciudad. “A veces son por denuncias o por trabajo de campo que hacen los inspectores. Muchas veces de oficio, porque también se controlan las violaciones de clausura y se les va haciendo una pasada a ver si abren o no”, detalló.
El funcionario explicó que, en cada inspección, lo primero que se verifica es que el comercio esté habilitado. “Si tienen los papeles, se controla lo que tienen adentro, que puedan acreditar la compra o la trazabilidad de eso que tienen”, señaló. La trazabilidad es, en otras palabras, la posibilidad de demostrar de dónde viene cada material y cómo llegó al local, un dato clave para evitar la compra y venta de metales robados.
Las tres chatarrerías clausuradas
El primer operativo se realizó en Patricias Argentinas al 4200, en zona sur, donde se encontraron más de 10 kilos de cobre cuya procedencia los responsables no pudieron acreditar. Además, se labró un acta por ocupación de la calzada con una batea, un contenedor de carga ubicado sobre la calle. En Ayacucho al 4400, los inspectores hallaron cables de los que tampoco se pudo demostrar el origen, por lo que el local fue clausurado y el material, secuestrado.
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El tercer caso fue en Avellaneda al 4200. “En la tercera no se encontró nada, pero no tenía habilitación, con lo cual también se le realizó la clausura”, explicó Herrera. En ese lugar también se labró un acta por ocupación de la vereda. Los materiales incautados quedaron a disposición de la Justicia y las actuaciones fueron enviadas al Tribunal Municipal de Faltas, que definirá las sanciones.
El secretario advirtió que reabrir un local clausurado tiene consecuencias penales. “Si reabren, es violación de clausura y eso permite hacerle la denuncia penal al titular del comercio”, remarcó.
De las calles inundadas a la baja de los robos
Herrera recordó que, cuando asumió en 2024, la ciudad atravesaba un momento crítico. “Veníamos de un 2023 y primeros meses de 2024 de mucho robo. Uno salía a la mañana y se encontraba las calles inundadas porque robaban los medidores de agua, los picaportes”, describió. En ese contexto, el municipio trabajó junto a la PDI (Policía de Investigaciones) y realizó 121 inspecciones y 80 clausuras en 2024.
En 2025 se concretaron 51 clausuras y se secuestraron más de 36 toneladas de cobre, lo que, según el funcionario, permitió que los robos cayeran más del 50%. Sin embargo, reconoció que la tendencia cambió en los últimos meses. “Lo que sí se nota es que en los últimos meses el robo de cobre ha empezado a subir un poco, y también empezamos a intensificar la inspección”, admitió.
Herrera explicó que hoy hay menos material para robar, ya que muchos cables de cobre fueron reemplazados por fibra óptica y gran parte de los medidores de agua son ahora de plástico. Por eso, ese tipo de robos bajó considerablemente.
El riesgo de los medidores de gas
El caso que más preocupa es el de los medidores de gas, que por la presión con la que circula el fluido deben seguir siendo de cobre. “Es un peligro el robo del medidor del gas. Se roban un codito que tiene el medidor y queda el gas al aire libre o adentro del gabinete, y eso puede generar una explosión”, alertó el funcionario.
Ante estas situaciones, la Municipalidad cuenta con un teléfono directo con Litoral Gas, para que las cuadrillas de la empresa acudan a cortar el servicio en cuanto se detecta un robo. Por último, Herrera recordó que las chatarrerías deben contar con un permiso municipal y otro provincial, ya que también tienen que estar inscriptas en un registro de la provincia.
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