El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la imputación en la causa que investiga a petroleras que exploran hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin permiso del Estado argentino. Incorporó a Rockhopper Exploration PLC, a sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y a Navitas Petroleum Development and Production Limited. Todas se suman a Desire Petroleum Limited, que ya estaba imputada desde el inicio del expediente.
Además, el fiscal solicitó que se envíen exhortos al Reino Unido y a Israel para conocer la composición societaria de las empresas y verificar posibles vínculos comerciales con intereses británicos.
El origen de la causa
El caso comenzó con una denuncia del canciller Pablo Quirno contra las compañías, las sociedades vinculadas a ellas y las personas físicas que hubieran intervenido en su nombre o en su beneficio. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 11, hoy subrogado por Ariel Lijo.
Stornelli busca establecer si las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina también podrían configurar delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
Los antecedentes de Desire Petroleum
Los antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, que declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental. En 2013, la Resolución 457 inhabilitó a la compañía por 20 años para operar en el país, al considerar que utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas.
La hipótesis de la fiscalía es que, pese a esas resoluciones y a cambios posteriores en su estructura societaria, la empresa habría seguido usando esos permisos de exploración y explotación en la zona.
Qué prevé la Ley 26.659
En su requerimiento, Stornelli planteó que los hechos denunciados podrían encuadrar, prima facie, en el artículo 7, incisos 1 y 2, y en las circunstancias de los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659.
La norma sanciona la exploración o explotación petrolera no autorizada por la Argentina en su mar territorial o plataforma continental, incluidas las áreas próximas a Malvinas. Las penas son:
- De 5 a 10 años de prisión, multa equivalente a entre 20.000 y 100.000 barriles de crudo WTI e inhabilitación comercial por el doble del plazo de la condena.
- De 10 a 15 años de prisión, multa de entre 150.000 y 1.500.000 barriles de crudo WTI e inhabilitación comercial por el doble del plazo de la condena, para quienes investiguen o realicen la extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento, desde yacimientos ubicados en esas áreas.
La ley establece además que las penas de prisión pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores, representantes o autorizados que hayan intervenido cuando el hecho se cometió en nombre, con ayuda o en beneficio de una persona jurídica.
El fiscal también consideró que no se puede descartar «la eventual configuración de otros tipos penales», como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras y lavado de activos provenientes de las actividades denunciadas.
El contexto político
El expediente se enmarca en las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anticipó acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales vinculadas con la cuestión Malvinas y las operaciones hidrocarburíferas en la zona.
En paralelo, el Reino Unido ratificó el viernes su política comercial en las islas y calificó de «inaceptables» las sanciones a las empresas impulsadas por la Argentina.
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