El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió este miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir una orden judicial en la causa por la ley de Financiamiento Universitario. El expediente fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional.
En la resolución, el magistrado sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes. Además, advirtió que la sanción se fijó en una primera etapa y que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse.
La causa se vincula con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
Denuncia penal contra Milei y Caputo
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por no acatar la medida cautelar que ordenó al Gobierno aplicar la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y busca determinar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, entre otras posibles figuras penales.
Según la denuncia, el Poder Ejecutivo persiste en el incumplimiento de una orden judicial que dispuso garantizar la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en el marco de la Ley 27.795. Solano pidió que la investigación alcance también a cualquier otro funcionario que haya intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento.
Como posibles delitos, el denunciante invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, referidos a la desobediencia a la autoridad y al incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. En el escrito, calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y afirmó que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden que fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y cuyo recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.
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