El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dispuso este miércoles una multa de $100.000 por cada día de demora a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Diego Santilli, por no cumplir la medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Esa orden judicial exige actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar el fondo destinado a becas estudiantiles.
Este tipo de sanción, llamada astreinte, es una herramienta que tienen los jueces para presionar a quien no cumple una orden: la multa se acumula día tras día hasta que la obligación se concreta. En este caso, el magistrado aclaró que el monto fijado corresponde a una primera etapa y que tanto la cifra como los funcionarios alcanzados podrán modificarse si el incumplimiento continúa.
Plazos vencidos y un reclamo de las universidades
La decisión llegó a partir de un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado sigue sin acatar la cautelar pese a que la Corte Suprema de Justicia la confirmó el 25 de junio de 2026. Cormick ya había intimado al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego otorgó una prórroga por el mismo período bajo advertencia de aplicar sanciones. Según planteó el CIN, ese segundo plazo también expiró sin que se registraran los pagos, por lo que pidió multas diarias y progresivas por cada día de atraso.
En paralelo, la discusión de fondo sigue abierta en otra instancia. Cormick había declarado inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley, y ahora concedió la apelación del Estado Nacional, rechazó un pedido de reposición del Gobierno y envió el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Mientras ese tribunal analiza el caso, la medida cautelar sigue vigente y debe cumplirse.
Qué establece la ley
La norma fija que los salarios del personal universitario debían ajustarse en septiembre de 2025 para compensar la inflación acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025, lo que implica un aumento del 40,25 % sobre los sueldos básicos de julio de ese año. A partir de esa recomposición, las remuneraciones deben actualizarse todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La ley también dispone que las becas estudiantiles sean recompuestas y actualizadas para que no pierdan valor frente a la inflación.
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