La Cámara de Diputados abre este martes 13 de octubre, al mediodía, el tratamiento del Presupuesto 2027, la llamada “ley de leyes”, que define cuánto recauda y cuánto gasta el Estado nacional el año próximo. La discusión comenzará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien explicará los principales lineamientos del proyecto. El Gobierno se fijó como meta sancionar la ley antes de fin de año.
Qué se hace exactamente en esta etapa
El primer paso son las reuniones informativas: funcionarios del Ejecutivo pasan por la comisión para defender el proyecto y responder las preguntas de los diputados. Según el cronograma parlamentario, esa ronda se extenderá hasta la primera semana de noviembre, y recién entonces se buscará firmar el dictamen, el texto que llega al recinto para ser votado. Si obtiene media sanción, el proyecto pasa al Senado.
El camino no será sencillo. La Libertad Avanza tiene 95 diputados y necesita reunir 129 para alcanzar el quórum, por lo que dependerá de aliados y, sobre todo, de los gobernadores. Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con las provincias para acercar posiciones.
Qué plantea el proyecto
El eje central vuelve a ser el equilibrio fiscal: el Gobierno proyecta mantener el superávit y, si se cumple, el país sumaría cuatro años seguidos con cuentas en positivo. Las previsiones oficiales estiman un crecimiento del 4%, una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027 y un dólar mayorista de $1.847,60 a fin de año, con un promedio de $1.728 en el año.
El texto también prevé que el consumo privado crezca 3,4% y que la inversión sea el gran motor de la economía, con una suba del 9,2%. El gasto total rondaría los $216 billones, frente a recursos por encima de los $219 billones. Sin embargo, alrededor del 70% del gasto ya está comprometido en jubilaciones, programas sociales y otras obligaciones, lo que deja poco margen para negociar.
Por qué importa en tu bolsillo
El Presupuesto no es solo un número técnico: de esa ley dependen los fondos para jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las prestaciones por discapacidad, las universidades públicas y las obras en las provincias. Por eso, cada partida que se modifique en el Congreso puede impactar de manera directa en servicios y ayudas que usan millones de personas.
Las polémicas que tensan la discusión
El punto más caliente es discapacidad. El proyecto incluyó artículos que implicaban un fuerte recorte en el área y desataron un fuerte rechazo, al punto de que legisladores oficialistas prometieron removerlos para destrabar el apoyo de sus aliados. En paralelo, la oposición impulsa prorrogar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, algo que el Gobierno rechaza porque considera que la norma ya cumplió su objetivo. Además, gobernadores advirtieron que la Nación busca trasladar a las provincias costos de transporte y educación de personas con discapacidad.
La otra gran disputa son las universidades. Rectores sostienen que la partida prevista no alcanza para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que la Justicia ya ordenó aplicar y que el Gobierno apeló. Según trascendió, el oficialismo estaría dispuesto a subir los fondos para encontrar una salida al conflicto judicial, aunque sin aceptar de manera automática la cifra que reclaman las casas de estudio.
A esto se suman otros frentes abiertos: los cambios en la actualización de la AUH, los reclamos provinciales por obra pública y por las deudas de las cajas jubilatorias no transferidas. Y hay un debate de fondo sobre los números: las consultoras privadas que releva el Banco Central esperan menos crecimiento y más inflación y dólar que lo que proyecta el Gobierno, lo que pone en duda el realismo de algunas metas.
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