La Cancillería argentina difundió un comunicado oficial en el que respondió formalmente a la guía «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», publicada por el Reino Unido para orientar a las empresas que operan en el archipiélago. El texto, titulado «Cuestión Malvinas: la Cancillería argentina rechaza la guía del gobierno británico sobre actividades comerciales con las Islas Malvinas e intensifica las medidas contra la explotación ilegal de nuestros recursos», combina el rechazo diplomático con el anuncio de un endurecimiento del esquema sancionatorio vigente.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 15, 2026
El rechazo a la guía británica
El comunicado expresa el «más enérgico rechazo» a la publicación británica, a la que acusa de pretender promover actividades comerciales e hidrocarburíferas «ilegítimas» en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y en sus espacios marítimos. La Cancillería reafirma que esos archipiélagos y espacios son parte integrante del territorio argentino y que se encuentran, según el texto, ocupados ilegítimamente por el Reino Unido.
El documento vincula ese rechazo con los anuncios de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sobre la «Decisión Final de Inversión» para el proyecto Sea Lion, y sostiene que, frente a esa novedad, el Gobierno decidió profundizar «un plan de acción integral» para defender la soberanía y los recursos naturales del país.
Las notas de protesta
Según el propio comunicado, la Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para entregarles en mano notas de protesta formal. En esos encuentros, la Argentina repudió el avance del proyecto Sea Lion y lo que califica como actos conexos: la emisión de normativa ilegítima, el otorgamiento unilateral de licencias, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por Londres.
El texto sostiene que esas acciones británicas contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que llama a la Argentina y al Reino Unido a no introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse. Además, las describe como actos con «efectos futuros potencialmente irreversibles» sobre recursos no renovables que, según Buenos Aires, pertenecen a la Nación.
El endurecimiento de las sanciones
El comunicado enmarca la respuesta dentro de lo anunciado por el presidente Javier Milei en su mensaje por cadena nacional, y la vincula con el Decreto 868/2026 y con los Comunicados Oficiales N° 158, 160, 161, 162 y 163 emitidos por la Oficina del Presidente. Según el texto, el marco normativo vigente —las leyes 26.659 y 26.915, reforzadas por ese decreto— sanciona a cualquier empresa, inversionista o proveedor que participe, directa o indirectamente, en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
El documento remarca que ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho argentino ni del derecho internacional, y cita expresamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como parte de ese marco. En materia de números, la Cancillería detalla que ya envió cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y a sus directivos.
Diálogo, pese al tono duro
Pese al endurecimiento, el comunicado reitera la disposición argentina a entablar un diálogo «constructivo y sustantivo» con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales y poner fin a lo que llama la «anacrónica situación colonial», en línea con la Resolución 2065 (XX) y otras resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El texto cierra con una advertencia a las empresas e individuos que mantengan vínculos comerciales no autorizados con las islas: el Gobierno agotará «todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales» a su alcance para defender sus derechos soberanos. La última línea del comunicado resume el espíritu de todo el documento: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas».
Seguinos