La Justicia de Rosario condenó a Joel Andrés Espíndola a cuatro años de prisión efectiva por integrar la banda que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se hizo pasar por empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para robar transformadores y extraer su cobre. Era el último de los siete acusados que tenía pendiente de resolver su situación procesal: los otros seis ya habían sido condenados mediante juicios abreviados.
El fallo
La sentencia fue dictada por el juez Estanislao Surraco, tras un juicio oral que se desarrolló durante tres jornadas en el Centro de Justicia Penal. El magistrado hizo lugar a la acusación del fiscal César Pierantoni y encontró a Espíndola culpable como coautor de asociación ilícita, de tres robos agravados —por haber sido cometidos en poblado, en banda y en concurso con el entorpecimiento del normal funcionamiento del servicio eléctrico— y de un cuarto robo agravado en grado de tentativa.
Como parte de la condena, la Justicia también ordenó el decomiso de los elementos que el condenado utilizaba en las maniobras: credenciales y formularios falsos, mamelucos, teléfonos celulares y el Renault Clio con el que se movilizaba para coordinar los operativos.
Cómo operaba la banda
Según reconstruyó la investigación, el grupo funcionaba con roles bien definidos. Leandro Andrés Romero, medio hermano de Espíndola, era señalado como jefe y organizador: elegía qué transformadores podían sustraerse, coordinaba el pago de las hidrogrúas y decidía el destino de los equipos robados. Su vínculo laboral con una cooperativa que prestaba servicios de mantenimiento a la EPE le permitía saber cuáles estaban en condiciones de ser retirados sin generar sospechas. Romero ya había sido condenado, en un procedimiento abreviado, a cinco años y dos meses de prisión.
Kevin Astudillo, por su parte, se encargaba de recibir los transformadores y reducirlos: los primeros tres equipos terminaban en un depósito contiguo a su domicilio, en Avellaneda al 4800, donde funcionaban actividades vinculadas con metales no ferrosos. A Espíndola le correspondía la tarea de campo: contactaba a empresas de hidrogrúas, se hacía pasar por trabajador de la EPE —a veces bajo identidades falsas, como «Goro» o Alejandro Sivori— y confeccionaba órdenes de retiro apócrifas con membrete de la empresa. En algunos casos se presentaba personalmente en el lugar del hecho; en otros, enviaba a cómplices que repetían la misma actuación.
Los robos, uno por uno
La organización concretó al menos tres sustracciones y dejó una cuarta en grado de tentativa:
- 30 de noviembre de 2023, en Virasoro y Río de Janeiro: se llevaron un transformador Fohama de 630 KVA, valuado en unos 20.300 dólares.
- 20 de febrero de 2024, en Sarmiento al 3000: el equipo terminó en el depósito de Avellaneda al 4800. Según el testimonio de un representante de Brinks durante el juicio, esa sustracción obligó a la zona a funcionar con generadores durante diez meses, hasta que pudo reemplazarse el transformador.
- 27 de marzo de 2024, en Tomás de la Torre y Los Gladiolos, en Funes: sustrajeron un transformador de 315 KVA, valuado en unos 52.000 dólares.
- El intento frustrado ocurrió frente al Policlínico San Martín, en Chubut y Guatemala: la Fiscalía ya conocía el plan y dispuso vigilancia en el lugar, lo que impidió consumar el robo.
La caída de la banda
El operativo que desarticuló al grupo se dio el 2 de mayo de 2024, cuando intentaron repetir la maniobra con un transformador Faraday en Cepeda al 400, Rosario. La Fiscalía ya conocía el plan: agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) siguieron a la hidrogrúa hasta un depósito de Pérez y detuvieron a los sospechosos en el lugar, donde secuestraron el equipo, el camión y documentación falsa.
La pesquisa determinó que ese depósito tenía vencida su habilitación municipal para almacenar metales no ferrosos; en su interior se hallaron lingotes de aluminio y dos morteros de fundición, y el transformador no llegó a ser desguazado.
Durante las tres jornadas de debate declararon choferes engañados para trasladar los equipos, personal de la EPE, investigadores de la Fiscalía y agentes de la PDI, en un juicio que cerró el expediente contra los siete integrantes de la banda.
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