La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba en una de las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales. La causa busca determinar si hubo colaboración oficial en el operativo que permitió al senador brasileño Flávio Bolsonaro salir de la Argentina desde Puerto Iguazú con destino a Estados Unidos.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa y avaladas por la magistrada. Son pasos preliminares: la fiscalía las pidió para reunir información antes de decidir si impulsa formalmente la investigación o no.
Qué pidió la Justicia
Una de las primeras órdenes fue preservar las filmaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. Desde esa terminal, Bolsonaro partió rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas. Las imágenes pueden ayudar a reconstruir cómo fue el paso del senador por el aeropuerto y quiénes intervinieron.
También se enviaron oficios, que son pedidos formales de información a distintos organismos, para saber si la Argentina recibió alguna notificación oficial, alerta o aviso desde Brasil sobre la situación judicial del dirigente. A eso se suma un requerimiento a la Dirección Nacional de Migraciones para que detalle qué controles se hicieron sobre el avión y sus pasajeros.
La denuncia de Solano
La causa se inició a partir de una presentación del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que acusó a los funcionarios de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El planteo apunta a establecer si existió una intervención ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y la posterior salida del dirigente brasileño, después de su derrota electoral frente a Lula da Silva.
De acuerdo con la denuncia, Bolsonaro entró al país por Puerto Iguazú, en Misiones, y se fue a las 23.30 del 27 de octubre en un vuelo privado de la empresa Baires Fly. Solano sostuvo que Milei no podía desconocer la prohibición de salir de Brasil que, según afirmó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes.
Para el denunciante, una salida así exigía controles vinculados con la cooperación internacional y con la situación judicial del senador, por lo que pidió averiguar si los organismos del Estado tenían alertas, requerimientos o información previa. El escrito también señala que Migraciones reconoció tanto el ingreso como la salida en vuelo privado, y cuestiona que no se hayan aplicado restricciones ni activado los mecanismos de cooperación correspondientes.
En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también ordenó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar de la diputada Marcela Pagano. Así, el caso avanza en dos frentes judiciales mientras se intenta reconstruir cómo se concretó la salida del dirigente brasileño.
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