La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 500 unidades de leche maternizada en polvo apócrifa que se comercializaban en supermercados y a través de plataformas digitales. El producto, que imitaba a una reconocida marca láctea, contenía niveles elevados de una toxina que representa un riesgo para la salud, especialmente para los bebés menores de seis meses.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por la distribución y comercialización de leche adulterada. Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) llevaron adelante 14 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la empresa láctea SanCor, luego de que numerosos padres manifestaran que sus hijos habían presentado efectos adversos tras consumir leche en polvo que habían comprado en supermercados.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, conducida por la fiscal Cecilia Incardona, con intervención de la Secretaría de Florencia Soglio. Los investigadores reconstruyeron el circuito de distribución de la mercadería y detectaron inmuebles utilizados para almacenar los productos y comercializarlos.
Además de la venta en comercios, la leche falsificada se ofrecía mediante canales online y plataformas digitales. Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Ponte Rodríguez, se realizaron los operativos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. También participaron efectivos de las unidades operativas federales de Ezeiza y 25 de Mayo.
Durante los procedimientos se incautaron más de 500 unidades de leche en polvo de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.
Asimismo, fueron identificadas cinco personas mayores de edad que estarían vinculadas con las maniobras investigadas: dos de nacionalidad argentina, dos ciudadanos chinos y una persona de nacionalidad paraguaya. Los involucrados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en una causa por presunta infracción a la Ley 22.362, de Marcas y Designaciones.
Uno de los datos más preocupantes surgió del informe pericial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), solicitado por la fiscalía. Los análisis determinaron que la leche en polvo apócrifa contenía niveles de aflatoxina M1 superiores en más de seis veces al máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.
La aflatoxina M1 es una sustancia tóxica asociada a la contaminación por hongos. De acuerdo con el informe, el producto no es apto para el consumo y representa un peligro para la salud de los lactantes, que pueden depender de la leche maternizada como principal fuente de nutrición. La exposición a una sustancia contaminante en un alimento de consumo frecuente puede generar un riesgo significativo, por lo que las autoridades remarcaron la importancia de retirar estos productos del circuito comercial.
Los investigadores también encontraron diferencias entre los envases secuestrados y los originales. Entre las irregularidades detectadas figuraban variaciones en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica, además de errores de escritura en el packaging.
En particular, se identificaron las palabras «Adventencia», en lugar de «Advertencia», y «Olico», en lugar de «Oleico». Los envases incautados presentaban la siguiente identificación de lote: L F-011207563, elaboración 10/01/26 y vencimiento 10/01/27.
Ante estos datos, se recomienda prestar atención al origen y al estado de los envases de leche maternizada y consultar con las autoridades sanitarias ante cualquier sospecha de falsificación. Si se dispone de un producto con esas características, es importante no consumirlo ni administrarlo a un bebé y solicitar indicaciones a las autoridades sanitarias. La investigación continúa para determinar el alcance de la distribución y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.
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