Los herederos de Andrés “Pillín” Bracamonte, el histórico jefe de la barra brava de Rosario Central asesinado a tiros el 9 de noviembre de 2024 en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, buscan frenar la pérdida de sus bienes. Sus abogados apelaron el decomiso sin condena que dispuso hace seis días el juez federal Carlos Vera Barros. Esta herramienta permite que el Estado se quede con bienes sospechados de tener origen ilícito aunque no haya una sentencia condenatoria. La defensa sostiene que, por ahora, no hay una sola prueba concreta de que el dinero con el que Bracamonte compró propiedades, vehículos y participaciones en empresas haya salido de actividades ilegales.
Qué bienes están en juego
Los penalistas Carlos Varela y Adrián Martínez presentaron un escrito de 26 fojas ante el Juzgado Federal Nº 3. Primero pidieron que el propio juez revise su decisión (un recurso de revocatoria) y, si no lo hace, que el caso pase a un tribunal superior (una apelación). El decomiso alcanza a una camioneta Ranger, una casa en Álvarez Thomas al 1800 y la participación de Bracamonte en seis sociedades comerciales: ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
Según los abogados, el juez tomó la medida “sin sustanciación alguna”, es decir, sin dar a la otra parte la posibilidad de presentar argumentos y pruebas. Para la defensa, el decomiso causa un daño irreparable, porque hace que los herederos pierdan para siempre la propiedad de los bienes, y por eso tiene el peso de una sentencia definitiva. También remarcaron que, tras el crimen, la familia conserva todos los derechos sobre lo que él tenía.
Los argumentos de la defensa
El planteo hace foco en cómo avanzó la causa por lavado de activos. La investigación había comenzado en la fiscalía provincial, pero quedó trabada por una disputa entre la Justicia provincial y la federal sobre quién debía llevarla adelante. Cuando mataron a Bracamonte, ninguna de las dos tenía el expediente a cargo de forma directa. La Corte Suprema resolvió ese conflicto en diciembre de 2025, y lo que se investiga exactamente quedó definido recién el 28 de agosto de 2026.
Por eso, los abogados advierten que Bracamonte nunca fue citado a indagatoria, la instancia en la que una persona sospechada se entera formalmente de lo que se le imputa y puede dar su versión. Tampoco se le comunicó una acusación de lavado con el alcance que tiene hoy la causa, ni tuvo un abogado que lo defendiera en ese expediente. Además, recordaron que la Cámara de Apelaciones provincial revocó en su momento la prisión preventiva de “Pillín” porque entendió que la acusación por lavado no iba más allá de “lo conjetural”. Con esos argumentos, Varela y Martínez pidieron que el decomiso quede en suspenso.
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