Norma Acosta, conocida por su vínculo con familiares de presos y con integrantes del clan Cantero, quedó a un paso del juicio oral. Está acusada de haber ordenado una balacera contra su propia casa para atribuírsela a sectores de la policía que ella venía denunciando por corrupción. La mujer, de 49 años, lleva más de un año detenida.
El expediente avanzó este miércoles, cuando el juez Hernán Postma aceptó la acusación del fiscal Fernando Dalmau, que pidió llevar el caso a debate oral. El fiscal ya anticipó que reclamará una pena de 9 años de prisión por varios delitos, entre ellos intimidación pública. Además, el magistrado admitió las pruebas de la Fiscalía y dispuso que Acosta siga en prisión preventiva por cuatro meses, el plazo en el que la causa debería llegar a juicio.
Un ataque armado para culpar a la policía
Según la investigación, Acosta instigó el ataque a tiros contra su vivienda de Larguía al 3400, ocurrido en la mañana del 7 de mayo de 2025. El hecho generó conmoción, pero sus propias declaraciones empezaron a desarmar la versión inicial: aseguró que los agresores se movían en auto, mientras que las cámaras mostraron a dos jóvenes en bicicleta. Esas contradicciones, sumadas a otros elementos, llevaron a los investigadores a pensar en una maniobra de falsa bandera.
Para la Fiscalía, el objetivo era instalar la sospecha de una represalia de la Policía de Santa Fe. Acosta venía denunciando en redes sociales casos de corrupción policial y acompañaba a familiares de presos agrupados en La Ranchada. Por eso, además de intimidación pública y abuso de armas, también está imputada por falso testimonio, ya que habría intentado desviar la investigación con datos falsos.
Los tiradores, el intermediario y una figura de peso
Los autores materiales cayeron ese mismo día. Un adolescente de 17 años, identificado como Ignacio N. y señalado como el tirador, fue aprehendido en Biedma y Alem, mientras que Nicolás Robles, de 18, que manejaba la bicicleta, fue detenido por la tarde. De acuerdo con la causa, ambos actuaron por encargo de Nahuel “Monta” Depetris, integrante de la barra brava de Newell’s, que hizo de intermediario.
Con el avance del expediente apareció un actor de mayor peso: Juan José “Juancito” Gómez, también conocido como “Jota Jota”, exbarra de Central ligado a Los Monos, que tras ser expulsado del Gigante pasó un tiempo por la tribuna de Newell’s. Gómez fue condenado y, ya en libertad, fue asesinado a balazos el 26 de agosto. En la misma causa fue condenada como partícipe primaria Mayra Gómez, pareja del exbarra leproso Emiliano “Jija” Avejera.
La investigación también alcanzó a Sergio, hijo de Norma. Según la Fiscalía, colaboró para borrar a distancia los datos del celular de su madre, que estaba secuestrado en un depósito de la Policía Federal. Por esa maniobra, Acosta sumó una imputación como coautora de violación de sellos y documentos, y además deberá responder por presuntas amenazas al personal de Asuntos Internos que la detuvo en su casa el 4 de septiembre de 2025.
Una década de denuncias
Acosta estuvo en el centro de numerosas denuncias durante los últimos diez años. Entre ellas figuran la muerte de su pareja, Miguel “Japo” Saboldi, en el penal de Francia al 5200; su propia condena por venta de drogas, que ella atribuye a una causa armada; y los crímenes de su padre y de su hermano. En ese período denunció públicamente a Luis “Pollo” Bassi y se mostró cercana a un sector del clan Cantero.
En febrero de 2025, durante una de sus habituales transmisiones en vivo, expuso con nombres y apellidos una supuesta caja negra de jefes policiales, financiada con dinero del narcomenudeo y con fondos destinados al combustible de los patrulleros. Por eso llamó la atención que la balacera contra su casa, que no era la primera, ocurriera apenas 48 horas después de un operativo de Asuntos Internos contra trece policías de mediana y alta jerarquía acusados de desviar justamente la plata de la nafta de los móviles.
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