El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, en conjunto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevó adelante este jueves la demolición de dos puntos de venta de drogas en el barrio Gráfico de Rosario. Las intervenciones tuvieron lugar en Benteveo al 700 y, aproximadamente una hora después, en Jacobacci al 9000.
Con estas acciones, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro acumula 118 búnkeres desmantelados en todo el territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico, normativa impulsada por el mandatario y vigente desde finales de 2023.
Desde principios de 2024, los operativos de derribo se llevan a cabo de forma sostenida y se han convertido en uno de los pilares de la política de seguridad santafesina. El objetivo es recuperar zonas dominadas por el narcotráfico y desarticular las redes económicas ligadas al narcomenudeo. Los procedimientos involucran al Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y administraciones municipales.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, subrayó que estos casos concentran múltiples delitos asociados al microtráfico, entre ellos la usurpación y la comercialización ilegal de terrenos. Según el funcionario, esta trama genera un encadenamiento de irregularidades que incluye violencia, homicidios, balaceras y el deterioro de barrios obreros que durante años carecieron de respuesta estatal. Pereira también destacó el rol clave de la nueva legislación: antes de su promulgación, el Estado no contaba con herramientas legales suficientes para actuar.
El fiscal Franco Carbone amplió los detalles de la investigación e informó que, además de los dos inmuebles demolidos, una tercera propiedad fue restituida formalmente a sus legítimos ocupantes.
Según Carbone, una familia tiene atemorizado al barrio Gráfico: algunos de sus miembros se encuentran detenidos y sobre otros pesan pedidos de captura. La organización se dedicaba a la venta minorista de drogas y a la extorsión, operando sobre inmuebles usurpados que luego revendía a compradores de buena fe para luego recuperarlos mediante amenazas y violencia.
El fiscal también vinculó a este grupo con un homicidio ocurrido en abril a escasos metros de los inmuebles intervenidos, y sostuvo que estas demoliciones resultan esenciales para desarticular estructuras criminales que condicionan la vida diaria de los vecinos.
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