Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay. El ahora ex mandatario iba a enfrentar un juicio político en el Congreso, con el apoyo de su propio partido, después del cierre del Ueno Bank, la entidad donde casi tres millones de ahorristas tienen sus fondos congelados.
El golpe que terminó de definir la salida lo dio Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), al anunciar que el Partido Colorado acompañaría el proceso de destitución. “Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, expresó Cartes en un mensaje público.
En ese mismo pronunciamiento, el exmandatario confirmó que la bancada oficialista respaldaría el pedido: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”. La postura tuvo un peso político especial, ya que fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del coloradismo.
El pedido de juicio político
El miércoles, un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, con base en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El documento reunió 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, que pidieron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.
Para que la acusación llegara al Senado, sus impulsores necesitaban 53 votos sobre 80 legisladores, es decir, una mayoría calificada de dos tercios. Luego, en la Cámara Alta, hacía falta el voto de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y habilitar su destitución.
Uno de los primeros en firmar fue el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, quien advirtió sobre el costo político de la crisis para su partido. “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, había declarado, en referencia a las próximas elecciones presidenciales.
Qué pasó con el Ueno Bank
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La dimensión del problema explica el impacto social: la entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y entre sus depósitos había unos USD 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras el anuncio se formaron largas filas frente a las sucursales, y Asunción fue escenario de protestas durante la noche. El BCP informó que los ahorristas cobrarán en breve un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675), dentro de un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.
Para acelerar la devolución, el Congreso aprobó en tiempo récord una ley de emergencia que Peña promulgó el miércoles. La norma establece un anticipo del FGD por el cual cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787), en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor. “A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, pidió entonces el mandatario.
En paralelo, Peña designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado al frente del BCP, un nombramiento que todavía debe ratificar el Senado. El cargo había quedado vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, la entidad que dio origen al banco intervenido.
La causa judicial
La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras en operaciones realizadas entre 2025 y 2026. Según el Ministerio Público, el banco otorgó préstamos y sobregiros a empresas de su mismo grupo económico en condiciones que no respetaban los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, se presentó junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos, que fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y con chalecos antibalas, mientras un grupo de manifestantes los increpaba en las afueras de la sede fiscal.
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