Paraguay atraviesa una crisis financiera que pone en duda su imagen de destino confiable para las inversiones internacionales. Esta semana, el Banco Central del país vecino intervino Ueno Bank, una entidad digital con 2,9 millones de clientes, después de detectar irregularidades en los créditos otorgados a empresas vinculadas con sus propios dueños y una caída crítica en sus indicadores de solvencia.
¿Qué detectó el Banco Central?
El escándalo estalló cuando la autoridad monetaria dispuso el inicio de un procedimiento de resolución bancaria, el mecanismo que se activa cuando una entidad ya no puede seguir operando con normalidad y el Estado toma el control para ordenar su situación. La decisión llegó al constatar que el índice de solvencia de Ueno, que mide la capacidad del banco para respaldar sus operaciones con capital propio, había caído al 5,56%, menos de la mitad del mínimo regulatorio del 12%.
Esa cifra fue el punto final de una serie de inspecciones que ya habían encendido las alarmas. Los controles encontraron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios, inconsistencias en la información financiera que se usaba para aprobar préstamos y operaciones con empresas relacionadas con los accionistas de la entidad.
Detenciones, embargos y ahorros bloqueados
La investigación derivó en la detención de ocho ejecutivos, entre ellos el fundador y vicepresidente primero, Federico Miguel Vázquez Villasanti, y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale Cardoni. La fiscalía avanza con la causa por presunta lesión de confianza, mientras la policía custodia la sede central de la entidad en Asunción.
En paralelo, la Justicia ordenó embargos preventivos por US$70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y de sociedades accionistas de Ueno Bank, como U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. La medida, pedida por el Banco Central, busca impedir que esos activos se vendan o transfieran durante el proceso y preservar recursos que luego puedan destinarse a devolverles el dinero a los depositantes.
Para los clientes, el impacto es inmediato: con el banco intervenido y sus operaciones suspendidas, quienes tienen allí sus ahorros no podrán acceder a ellos durante al menos 15 días. Según estimaciones oficiales, el 97% de los depositantes está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, que asegura hasta unos US$38.000 por persona. Sin embargo, cerca de 87.000 clientes superan ese límite y no tienen certeza de recuperar la totalidad de su dinero.
La preocupación crece también por el manejo de recursos públicos. Ueno Bank administra unos US$380 millones del Instituto de Previsión Social destinados a jubilaciones, a los que se suman otros fondos estatales que llevan la exposición total a un rango de entre US$800 y US$850 millones.
Peña, en el centro de la tormenta
La crisis tuvo consecuencias políticas directas. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, que antes había ocupado cargos directivos en la Financiera Ueno, presentó su renuncia, y el presidente Santiago Peña designó de manera interina a Liana Caballero al frente del organismo.
El propio mandatario quedó en la mira por haber sido accionista de Ueno Holding hasta 2025. Para contener el malestar social y político, impulsa en el Congreso una ley que permita acelerar la devolución de fondos a los ahorristas. Peña definió el episodio como un problema puntual de la entidad y descartó una crisis sistémica en el sistema bancario paraguayo.
La oposición, en cambio, ya activó los mecanismos para promover un juicio político contra el presidente y su vicepresidente, Pedro Alliana. Mientras tanto, el mercado financiero paraguayo, valorado hasta ahora por su estabilidad y sus bajos impuestos, atraviesa un momento delicado ante las sospechas de controles deficientes y de vínculos peligrosos entre el sector privado y el poder político.
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