Mientras avanza la investigación sobre la partera conocida como “Dolly”, acusada de suprimir la identidad de recién nacidos en el sur de Rosario, otro caso con un patrón similar llega a una instancia clave. El Juzgado Federal N°3 de Rosario procesó sin prisión preventiva a Olga Concepción Artale de Silva, una médica obstetra de 87 años, por la sustitución de identidad de dos mujeres hoy adultas.
La imputada es considerada presunta autora de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. En términos simples, se la acusa de firmar documentos oficiales con datos falsos para que bebés fueran inscriptos como hijos biológicos de personas que no lo eran.
Las víctimas son Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, que denunciaron por separado. Sus causas se unificaron al coincidir la identidad de la obstetra. Ahora, la Fiscalía y la querella pidieron elevar el caso a juicio oral y convocaron a la población a aportar datos para encontrar a sus madres biológicas.
Ambas causas no tienen vinculación con la de “Dolly”, una partera de 88 años imputada por la supresión de identidad de una beba registrada como nacida en 1970. En ese expediente también se analiza la situación de otras siete personas nacidas entre 1968 y 1980, años en los que trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, cuando los bebés eran entregados a las familias que los criarían, la obstetra les daba un certificado de nacido vivo con su firma. Ese documento era luego presentado en el Registro Civil para inscribirlos como hijos biológicos.
La resolución judicial consideró probado que la profesional extendió certificaciones falsas para dar apariencia legal a vínculos biológicos inexistentes. Para el juzgado, esa conducta “excede una mera irregularidad administrativa”, ya que implicó el uso consciente de un documento público para sostener una filiación falsa, con consecuencias jurídicas permanentes.
Dos historias que se cruzaron
Ana Carolina Alzugaray creció en Maciel, criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, quienes siempre le dijeron que no era su hija biológica. Sin embargo, su partida de nacimiento afirmaba lo contrario, con la firma de Artale de Silva como partera.
Por relatos de su padre adoptivo, Ana supo que el contacto se hizo a través de una hermana de la obstetra y que fue entregada en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario. Intentó varias veces que la partera le diera información sobre su madre, pero la mujer respondió siempre que no recordaba y le pidió que dejara de molestarla.
Así comenzó una búsqueda que ya lleva 30 años. En ese camino conoció a Romina Elisabet Lobos, quien se enteró de adulta de que no era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos, quienes la criaron. Su partida tiene la misma falsedad: la firma de Artale de Silva certificando un vínculo inexistente. A partir de consultas a organismos estatales, ambas supieron que la obstetra ya había sido señalada por atender partos clandestinos y emitir certificados que permitían inscribir niños con una identidad falsa.
La investigación
Las mujeres denunciaron ante la Justicia federal entre 2022 y 2023 y se constituyeron como querellantes, con la representación de la abogada Julia Giordano. Las causas quedaron en manos del juez Carlos Vera Barros, quien delegó la investigación en la Fiscalía.
Desde mayo de 2024, con la implementación del Código Procesal Penal Federal, el caso está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas, que conduce la fiscal Soledad García, con la intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro.
Clave para el caso fueron las pericias genéticas. Las muestras fueron tomadas por el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y analizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los resultados fueron concluyentes: en ambos casos se descartó el vínculo biológico con quienes figuraban como padres.
El “olvido” de la obstetra
En mayo de 2025, al ser citada por el caso de Romina Lobos, Artale de Silva se negó a declarar. Alegó “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” por un viejo accidente laboral y un golpe reciente.
Un primer examen del Gabinete Interdisciplinario de los Tribunales Federales de Rosario concluyó que tenía un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso. La querella lo objetó porque no precisaba si el cuadro era transitorio o permanente, y en diciembre de 2025 el juzgado ordenó un nuevo estudio.
La segunda evaluación, en marzo de 2026, determinó un “deterioro cognitivo leve” y estableció que sí podía comprender la causa. Con ese dictamen, el 2 de julio se le tomó declaración indagatoria por el caso de Ana Carolina Alzugaray, y el 3 de agosto se dictó su procesamiento. El juzgado resolvió que siga en libertad, al no detectar riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva. Con el procesamiento firme, la querella y la Fiscalía pidieron que el caso pase a juicio oral.
Cómo ayudar a encontrar a las madres
La Fiscalía pidió la colaboración de la comunidad para contactar a mujeres que puedan ser las madres biológicas de Romina Elisabet Lobos y Ana Carolina Alzugaray, y que hayan dado a luz en fechas cercanas a las que figuran en sus partidas de nacimiento. Quienes tengan información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar, donde serán atendidos por el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.
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