El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe demolió este jueves dos puntos de venta de droga en French al 2000, en barrio Industrial, al noroeste de Rosario. El operativo se hizo en el marco de la Ley de Microtráfico y es el segundo de este tipo en menos de una semana: días atrás, una intervención similar había tenido lugar en barrio Ludueña.
Una cuadrilla contratada por la provincia, con los trabajadores a cara cubierta, tiró abajo a mazazos las dos construcciones precarias de bloque. Estaban levantadas en terrenos ferroviarios usurpados, entre French, Formosa y las vías de los ex ferrocarriles Mitre y Belgrano. La demolición fue pedida por la fiscalía de Microtráfico y autorizada por la Justicia. En el lugar estuvieron el secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, quien definió los inmuebles como “centros de violencia”, junto con las fiscalas Marina Vigo y Mercedes Banchio y el fiscal Diego Giro.
Los búnkers están ligados a Francisco “Fran” Riquelme, señalado como líder de una organización narco con fuerte peso en Empalme Graneros y barrio Industrial [conocé el caso]. Está preso desde 2020 en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz y en mayo recibió una de las doce condenas a perpetua dictadas por homicidios vinculados al control territorial de la venta de drogas. Aun así, la investigación sostiene que siguió al frente de la banda desde la cárcel. Según explicó Vigo, tras su detención el grupo cambió de método y pasó a usurpar viviendas y amenazar a sus ocupantes para sostener los puntos de venta.
Por eso, Riquelme fue imputado nuevamente, ahora como jefe de una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres homicidios y una tentativa, además de las usurpaciones y amenazas. La causa suma entre 15 y 18 acusados. Entre ellos figuran su hijo, Ezequiel “Cabezón” Riquelme, que habría tomado el control de la operación en la calle y fue detenido el 7 de agosto en un country, y su pareja, Irina Boassi, ya condenada en otra causa. También están acusados Kiara Riquelme, por llevar la contabilidad de los puntos de venta, y el abogado penalista Martín Fabio Castillo, señalado como el nexo que transmitía los mensajes del líder hacia afuera del penal.
La investigación comenzó con el homicidio de Rodrigo “Coco” Sosa, en diciembre de 2024, en su casa de barrio Toba. A partir de ahí, la causa fue sumando otros puntos de venta de la banda, en pasaje 734 al 1200, Lucio V. López al 2100, Felipe Moré al 600 bis, Rafaela al 6000 y Gerchunoff al 600 bis. Sin embargo, el de French al 2000 era considerado el más emblemático de la organización.
Entre noviembre de 2024 y junio de este año, la policía hizo 17 detenciones en flagrancia de vendedores de baja escala en esa zona. Con este operativo, ya son 92 los puntos de venta inactivados en Rosario desde que rige la Ley de Microtráfico, y 152 en toda la provincia en casi tres años de aplicación de la norma.
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