El Gobierno nacional apelará en los próximos días la sentencia del juez federal Martín Cormick, que le ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su aplicación. Mientras prepara la presentación, la Casa Rosada estudia además otras herramientas legales para no tener que afrontar de inmediato el gasto que implica cumplir con la norma.
La estrategia está a cargo de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio y funciona como el principal organismo dedicado a definir los próximos pasos. Según fuentes de ese ámbito, el Ejecutivo todavía evalúa alternativas y considera que la pelea judicial no está perdida. En Balcarce 50 entienden que aún hay margen para discutir la resolución: la apelación ya está decidida, pero en paralelo se analizan distintas opciones vinculadas al impacto presupuestario de la medida.
Qué dice el fallo
La resolución alcanzó al Decreto 759/2025, con el que el Gobierno promulgó formalmente la ley, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso definiera de dónde saldrían los recursos e incorporara las partidas al Presupuesto nacional.
Para Cormick, esa condición operaba en la práctica como un nuevo veto a una norma que ambas Cámaras ya habían ratificado al rechazar el veto original del presidente Javier Milei. Por eso, ordenó al Poder Ejecutivo tomar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para que la ley funcione y se cumplan los aumentos previstos.
La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la suspensión de los fondos. El fallo contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, una definición que impacta en todo el sistema público, incluidas casas de estudio de la región como la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Sin diálogo con las universidades
En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmaron que la respuesta será exclusivamente judicial y descartaron cualquier negociación política con las universidades. Desde la mesa chica de la funcionaria remarcaron que no habrá reuniones con los rectores y que el camino es la apelación.
Esas mismas fuentes trasladaron la responsabilidad al Parlamento: argumentaron que el Presupuesto 2027 ya fue enviado y que, si se pretende modificar las partidas, eso debe resolverse en el Congreso. Así, el oficialismo vuelve a poner el foco en la ley de gastos y recursos para el año próximo, que todavía espera tratamiento legislativo.
El costo fiscal, en el centro de la disputa
Durante el expediente, el Ejecutivo sostuvo que aplicar la ley demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según los representantes del Estado, ese desembolso pondría en riesgo el equilibrio fiscal y requeriría una definición específica del Congreso sobre cómo financiarlo.
El juez rechazó ese planteo. En su resolución señaló que la propia ley sí prevé mecanismos para cubrir los gastos, ya que habilita reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos por recaudación corriente. Además, recordó que el Gobierno modificó el Presupuesto en varias ocasiones durante 2025 mediante decretos y decisiones administrativas.
Qué esperan en el sector universitario
En el ámbito académico ya anticipaban que la Casa Rosada intentaría resistir el fallo, aunque algunos rectores del interior admitieron que no descartaban sorpresas dada la imprevisibilidad del Gobierno. Tampoco esperaban una convocatoria al diálogo: la lectura generalizada es que el oficialismo buscará sostener la disputa en los tribunales.
Desde el CIN, por su parte, aseguraron que mantendrán el reclamo hasta el final, tal como hicieron con la medida cautelar que habían obtenido antes de esta sentencia.
Un nuevo frente en el Congreso
La definición judicial abre otro frente para el Gobierno en plena negociación por el Presupuesto 2027 y frente a la convocatoria opositora a una sesión especial en Diputados. El conflicto universitario se suma a otros temas sensibles que el oficialismo deberá enfrentar en el Congreso, mientras intenta preservar el superávit fiscal como eje de su programa económico.
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