El Gobierno nacional se anotó un triunfo político en la Cámara de Diputados al lograr que fracasara la sesión que había convocado la oposición para derogar el mega DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y debatir los proyectos sobre endeudamiento y mora. Para llegar a ese resultado, La Libertad Avanza negoció durante las últimas semanas varias concesiones con los bloques aliados. A eso se sumó el respaldo de un segundo fallo de la Corte Suprema, que restituyó de manera temporal la vigencia de la ley de tierras sancionada durante el kirchnerismo.
Pasadas las 14.30, el tablero marcaba apenas 121 diputados presentes, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Entre las ausencias que resultaron decisivas figuraron los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik, y el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres. Tampoco bajaron al recinto los tres diputados del bloque Independencia, que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, ni los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán fue el más llamativo, ya que había firmado el pedido de sesión pero finalmente no se presentó.
Qué buscaba la oposición y por qué no alcanzó
La ofensiva opositora había tomado impulso tras un primer fallo de la Corte Suprema, que rechazó un amparo contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de tierras. En la práctica, esa decisión dejó liberada por completo la venta de tierras a extranjeros. Con ese antecedente, los bloques opositores intentaron capitalizar el malestar social que generó el debate en el Senado para avanzar contra el decreto desregulador que Javier Milei firmó al comienzo de su gestión, y sumaron además dos temas incómodos para el oficialismo que ya se discutían en comisión: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre deudas.
Sin embargo, el principal obstáculo fue que la derogación del decreto no se limitaba a la cuestión de las tierras. El DNU 70/23 eliminó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por eso, desde el oficialismo advirtieron desde el inicio que dejarlo sin efecto de manera total provocaría un caos administrativo y judicial, argumento que sostuvo todo el esfuerzo por impedir el quórum.
El giro de la Corte y el acuerdo con los aliados
El panorama empezó a complicarse para la oposición la semana pasada, cuando la Corte Suprema, en un giro de 180 grados, otorgó una medida cautelar sobre ese mismo artículo y volvió a poner en vigencia la ley de tierras. “Desde ese momento no pudimos sumar ninguna voluntad más”, reconoció un importante dirigente del peronismo.
A ese escenario se agregó el acuerdo que La Libertad Avanza cerró este martes con sus aliados para incluir un tope a la extranjerización de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre. Desde la oposición remarcaron la ironía de que el oficialismo, el PRO y la UCR terminaran firmando un dictamen que, en los hechos, repone la norma impulsada por el kirchnerismo en 2011.
Tras la caída de la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, celebró el resultado: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”.


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