El primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para tratar la llamada Ley Malvinas estuvo a punto de terminar en escándalo. Durante la exposición de Myriam Bregman, una discusión entre el libertario Jairo Guzmán y Juan Grabois derivó en manotazos, gritos e insultos entre legisladores del oficialismo y la oposición.
Cómo se desató el cruce
El clima se tensó mientras Bregman criticaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que envió el Gobierno de Javier Milei. Desde su banca, Guzmán, diputado de La Libertad Avanza por Santa Cruz, empezó a interrumpir a la legisladora de izquierda y a responderle.
La situación escaló cuando Grabois se levantó, cruzó el pasillo y fue a encarar a Guzmán. Los dos quedaron cara a cara e intercambiaron manotazos, hasta que otros diputados se interpusieron para que el episodio no pasara a mayores.
A eso se sumó otro frente: desde el extremo opuesto del salón, el tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, se puso de pie y le gritó a Grabois, a quien trató de «cagón». Los incidentes obligaron a interrumpir por unos minutos una reunión convocada para avanzar con uno de los proyectos que la Casa Rosada quiere aprobar con rapidez.
El cronograma del oficialismo
El plenario está integrado por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El plan del oficialismo es hacer dos reuniones informativas, conseguir dictamen el 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, el 7 de octubre, en una sesión especial.
Qué propone la Ley Malvinas
La iniciativa busca endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares que reclama la Argentina sin contar con autorización del Estado nacional.
Uno de los puntos centrales es la derogación de la Ley 26.659, vigente desde 2011, que apuntaba sobre todo a la exploración y explotación de hidrocarburos. El nuevo esquema extiende las sanciones al aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
El texto prevé sanciones administrativas, comerciales y penales, y la creación de un Registro Público de Infractores. Además, fija restricciones para que los sancionados desarrollen actividades económicas en el país, contraten con el Estado o mantengan ciertas habilitaciones y beneficios fiscales.
En el plano penal, contempla penas de prisión para conductas ligadas a la exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas alcanzadas, y también castiga a quienes provean bienes o servicios esenciales para esas actividades.
El Consejo de Seguridad Nacional, el punto más discutido
El proyecto no se limita a Malvinas. También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por distintos organismos del Poder Ejecutivo, para coordinar respuestas ante amenazas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
Ese capítulo generó reparos incluso entre bloques que acompañaron otras iniciativas oficiales. Las críticas apuntan a las facultades que tendría el Ejecutivo frente a situaciones consideradas graves o inminentes, y al margen de intervención que le quedaría al Congreso.
Antes del inicio del debate, el diputado Eduardo Falcone (MID) advirtió que algunas disposiciones podrían chocar con las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. Su planteo terminó en una discusión pública con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre qué decisiones en materia de seguridad y defensa necesitan aval del Congreso.
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