Distintos bloques opositores pidieron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre con una agenda que pone en aprietos al oficialismo. El eje central será la derogación definitiva del mega DNU 70/2023, el decreto con el que el Gobierno desreguló amplios sectores de la economía, en medio de la polémica abierta por el reciente fallo de la Corte Suprema que liberó por completo la venta de tierras a extranjeros.
Para reunir el quórum, la convocatoria suma otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de las personas endeudadas, una problemática que atraviesa a familias de todo el país, incluidas las de Rosario y el sur santafesino.
Quiénes firmaron y cuántos votos faltan
El pedido lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como los de Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Aun así, restan alrededor de 20 votos, en su mayoría de espacios que responden a los gobernadores, quienes por estos días se encuentran en París junto al presidente Javier Milei en el marco de la Argentina Week, un evento orientado a atraer inversiones.
Legisladores de los bloques del «centro» admitieron que ninguno de los tres temas tiene los votos asegurados. Sin embargo, consideran clave no dejar pasar el momento, ya que la venta de tierras a extranjeros volvió a instalarse en el centro de la discusión pública.
El fallo que reavivó el debate por el DNU 70
La Corte Suprema restituyó la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que dejaba sin efecto la ley de tierras rurales. La decisión sorprendió incluso al Gobierno, que ahora busca alternativas para sacar del foco la discusión sobre la validez del decreto.
El mega DNU ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero en Diputados la oposición nunca logró el consenso necesario para darle el golpe final. Como el tema nunca llegó a tratarse en una sesión, la posibilidad de derogarlo sigue vigente.
El decreto eliminó regulaciones en áreas como comercio, transporte, trabajo, salud y mercado inmobiliario. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas, y desreguló el mercado aerocomercial y la venta de tierras.
Por la cantidad de sectores alcanzados, el oficialismo advierte que una derogación total provocaría un caos administrativo y judicial, con efectos como la vuelta de la Ley de Alquileres o una nueva intervención sobre las cuotas de las prepagas.
La estrategia oficialista para frenar la ofensiva
En la Casa Rosada ya analizan distintas alternativas para bloquear el avance opositor. Una de ellas sería reincorporar un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y debe ser tratada en Diputados. Así, los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas podrían fijar postura sobre la venta de tierras a extranjeros sin necesidad de votar contra el DNU 70.
Otra opción sería sumar un capítulo similar a la ley de Defensa de la Soberanía, cuyo tratamiento en comisión comenzó este miércoles. Esa propuesta fue planteada por Miguel Ángel Pichetto en redes sociales.
Endeudamiento: tres proyectos en pugna
En comisión, el oficialismo y sus aliados obtuvieron el dictamen de mayoría, por lo que su proyecto será el primero en debatirse en una eventual sesión. En sintonía con la Casa Rosada, que considera el endeudamiento un asunto entre particulares, la iniciativa apunta a mejorar la educación financiera, brindar más información a los consumidores sobre tasas y costos financieros y prevenir el sobreendeudamiento. No contempla topes a las tasas, quitas de capital o intereses, ni costos para el Estado.
La oposición, en cambio, no logró unificar criterios y quedó dividida en dos propuestas.
El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas impulsan declarar la emergencia por 180 días y crear un esquema de refinanciación para deudas que no superen dos canastas básicas totales del Indec. En ese marco, el cordobés Ignacio José García Aresca optó por ausentarse para no firmar el dictamen. La refinanciación se calcularía con la tasa TAMAR más un 25% aplicado sobre el costo financiero total. Quienes adhieran podrían pagar en hasta 12 cuotas, sin penalidades por cancelación anticipada y con cuotas que no superen el 30% de sus ingresos. Además, se eliminarían los intereses punitorios para quienes ya estén en mora.
Por su parte, Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento por un año, prorrogable por otro. Durante ese período, las tasas de bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades de crédito al consumo tendrían un tope de 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas que publica el Banco Central.
El proyecto también crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de deudas y cobran hasta 10 salarios mínimos. Prevé refinanciaciones con una tasa nominal anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.
En la sesión del 15 de octubre, el primer texto en discusión será el del oficialismo: la oposición deberá reunir los votos para rechazarlo antes de poder tratar las alternativas.
Discapacidad: un dictamen que dejó tensiones
Las negociaciones por la reforma en discapacidad generaron fuertes cortocircuitos internos en el Gobierno. El conflicto estalló cuando el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2027 con un fuerte recorte en el área, que no guardaba relación con lo que La Libertad Avanza venía negociando con aliados y gobernadores.
Tras dos semanas de tensión, con roces incluidos dentro de la Mesa Política, los libertarios descartaron el texto original de la Casa Rosada y alcanzaron un acuerdo con los bloques aliados.
La nueva propuesta recupera buena parte de la ley de Emergencia en Discapacidad: el nomenclador único de prestaciones y su actualización por inflación, la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso a la pensión. La diferencia es que ahora todas las partidas quedarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de reasignaciones de la Jefatura de Gabinete.
El dictamen significó un triunfo político para el oficialismo. Aunque hubo firmas en disidencia, como las de Argentina Federal, el respaldo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le aseguraría cerca de 127 votos, a solo dos de la mayoría simple. Con ese escenario, la ofensiva de la oposición más dura, que pretendía prorrogar la emergencia por un año, quedó prácticamente neutralizada.
Las advertencias sobre la letra chica
Desde la oposición sostienen que la redacción del proyecto oculta las verdaderas intenciones del Gobierno. Apuntan especialmente al artículo 5, que establece la incapacidad para trabajar y la discapacidad con CUD como dos vías de acceso distintas. Según su lectura, eso consolida dos pensiones diferenciadas, una por invalidez laboral y otra por discapacidad, con acceso desigual al programa Incluir Salud. Por eso, su propuesta se limita a prorrogar por un año la emergencia vigente.
La ambigüedad del texto también fue señalada por aliados que firmaron el dictamen, quienes pidieron aclarar todas las interpretaciones posibles como condición para acompañar. Hasta el momento, La Libertad Avanza no dio respuesta.
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