La Justicia federal volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, fijó un nuevo plazo de cinco días y advirtió que, si no se cumple, podrán aplicarse multas económicas.
La resolución abarca dos aspectos centrales de la Ley 27.795: la actualización salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario, y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Por qué el juez consideró que el cumplimiento fue parcial
La decisión llegó después de que el Poder Ejecutivo objetara una intimación anterior y afirmara ante el juzgado que ya había cumplido con lo dispuesto. Cormick admitió que el Estado presentó documentación sobre convocatorias a paritarias y órdenes de pago, pero entendió que eso solo demuestra un cumplimiento parcial. Según el magistrado, no se acreditó que los aumentos salariales se hayan calculado con las variables que establece la ley.
Para su análisis, el juez tomó la evolución del Índice de Precios al Consumidor entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el que calculó una inflación acumulada del 312,19%. El Gobierno sostuvo otra lectura. En el expediente afirmó que los salarios universitarios acumularon una suba del 226,8% desde diciembre de 2023, indicó que se reabrieron las paritarias e informó una propuesta adicional del 3%.
La discusión por las becas
El conflicto también alcanza a las becas. La ley menciona programas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, además de otras líneas de asistencia estudiantil. El Ejecutivo informó que, según su interpretación, solo la Beca Manuel Belgrano estaba incluida en las obligaciones. Cormick rechazó ese argumento y señaló que las medidas informadas no cubren todos los programas contemplados en la resolución judicial.
Además, el juez decidió no conceder por ahora la apelación subsidiaria presentada por el Gobierno. Explicó que las multas todavía no se aplicaron y que, por lo tanto, no hay un perjuicio concreto que justifique elevar ese punto a la Cámara.
Paro universitario de 72 horas
La nueva intimación coincide con el paro de 72 horas que realizan los docentes de las universidades nacionales miércoles, jueves y viernes. Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. Mientras avanza la discusión judicial de fondo, la cautelar sigue vigente y ordena aplicar los artículos referidos a salarios y becas.
Seguinos