La Policía de Portugal desalojó este martes de madrugada los acampes contra el aumento del costo de la vivienda instalados en el centro de Lisboa y Oporto, y detuvo a 55 personas que se negaron a retirarse. En la capital, los agentes despejaron la plaza del Rossio, ocupada desde el sábado con unas 200 carpas: los manifestantes formaron un cordón humano para resistir y, tras el operativo, anunciaron una nueva protesta para la tarde. En Oporto, donde la ocupación llevaba unos diez días, los participantes desarmaron sus carpas ante la advertencia de que serían detenidos.
Las versiones sobre el operativo son opuestas. Carla Valadão, vocera del acampe, lo calificó de “muy agresivo”, mientras que el superintendente Sergio Soares sostuvo que fue “tranquilo, proporcionado y adecuado” y precisó que dos personas recibieron atención por heridas leves.
Por qué protestan en Portugal
Detrás del conflicto hay un mercado inmobiliario que, desde 2017, duplicó los precios de compra y casi duplicó los alquileres nuevos. A eso se suma una reforma del gobierno de centroderecha que facilita los desalojos por falta de pago y elimina los topes a los alquileres nuevos. “Con 920 euros no puedo pagar un alquiler de 1500”, resumió Miguel Gregorio, de 22 años.
Lejos de bajar los brazos, los organizadores presentaron en Oporto un aviso de manifestación hasta el 31 de diciembre y pidieron a los sindicatos que convoquen una huelga general para el 11 de noviembre. El ministro de Estado y Finanzas, Miranda Sarmento, reconoció que el malestar responde al precio de los combustibles, pero sobre todo al costo de la vivienda.
España: elecciones anticipadas y huelga general
Del otro lado de la frontera, el conflicto llegó mucho más lejos. La acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, superaba a principios de octubre las 2.000 tiendas, según sus organizadores. El movimiento creció tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que se convirtió en símbolo del problema y que murió días atrás.
La presión tuvo consecuencias políticas directas: el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda del Gobierno y Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. Los dos principales sindicatos del país, CCOO y UGT, junto con otras centrales y organizaciones de inquilinos, convocaron una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, la primera que respaldan juntos desde 2012.
Una ola que se extiende por Europa
El fin de semana del 17 y 18 de octubre, las protestas se expandieron a otros países con un reclamo más amplio: el costo de vida. En Francia se registraron algunos de los peores disturbios en años, con cientos de miles de personas en las calles, y en Limoges fue incendiado el ayuntamiento. En Bélgica, la policía usó gas lacrimógeno en Bruselas, y en Italia hubo enfrentamientos en Milán, Turín y Bolonia.
Desde el acampe de Lisboa, Ana Luiza lo resumió así: la crisis habitacional alcanza a varios países y “todos están luchando por lo mismo”.
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