El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados en la causa por el Atentado a la AMIA de 1994, que ocurrió el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y dejó 85 muertos y cientos de heridos.
En una serie de dictámenes firmados este miércoles, el fiscal también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los jerarcas del régimen iraní y mano derecha del líder supremo Alí Khamenei.
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Según la reconstrucción de la fiscalía, Hejazi integraba el denominado “Comité Vijeh”, un organismo estatal iraní donde se analizó el objetivo del atentado y se elaboró el plan para atacar la AMIA. De acuerdo con la investigación, una vez aprobado el ataque por las máximas autoridades del régimen, Hejazi se encargó de coordinar su ejecución.
La acusación se fortaleció tras las declaraciones de cuatro iraníes disidentes que testificaron en Francia, quienes aportaron información clave. Con esos elementos, Basso pidió indagar al nuevo imputado, ordenar su captura internacional y declararlo en rebeldía. El pedido quedó a consideración del Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N.º 6.
Los acusados
Los diez iraníes y libaneses cuyo procesamiento fue solicitado ya habían sido alcanzados por la decisión de realizar un juicio en ausencia, dictada previamente por el juez Rafecas. Todos permanecen prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol desde 2006.
Entre los principales acusados figuran:
Alí Fallahian, exministro de Inteligencia de Irán.
Alí Akbar Velayati, excanciller iraní.
Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria.
Ahmad Vahidi, exjefe de la fuerza Al Quds y recientemente designado al frente de la Guardia Revolucionaria.
Según el dictamen, todos integraban el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, organismo que habría autorizado el atentado durante una reunión secreta en agosto de 1993.
También están acusados exdiplomáticos iraníes en Argentina, entre ellos:
Hadi Soleimanpour, exembajador en Argentina.
Mohsen Rabbani, exconsejero cultural.
Ahmad Reza Asghari, extercer secretario de la embajada.
La investigación sostiene que estos funcionarios formaron una red de espionaje encubierta bajo cobertura diplomática, que recolectó información sobre el objetivo y brindó apoyo logístico a los ejecutores del ataque.
El rol de Hezbollah
La lista también incluye a miembros de Hezbolá, la organización armada libanesa señalada como responsable de la ejecución material del atentado.
Entre ellos se encuentra Salman Raouf Salman, acusado de organizar la llegada, el alojamiento y la huida del comando que perpetró el ataque. Según el dictamen, habría operado junto a su hermano Abdallah Salman, encargado de manejar fondos destinados a financiar la operación.
Otro involucrado es Hussein Mounir Mouzannar, comerciante libanés radicado en Paraguay, quien habría facilitado documentación falsa para que Salman obtuviera una identidad ficticia.
Delitos y embargo millonario
En su dictamen de 201 páginas, el fiscal sostuvo que los acusados actuaron como autores o partícipes de homicidio calificado por odio racial o religioso, además de lesiones a al menos 141 personas y múltiples daños materiales provocados por la explosión. También se los imputó por integrar o colaborar con una banda armada con fines discriminatorios.
Basso afirmó que las directivas, el financiamiento y la protección del ataque surgieron desde Teherán, mientras que los comandos de Hezbolá ejecutaron el atentado utilizando pasaportes falsos para ingresar a Sudamérica.
Como medida cautelar, el fiscal pidió actualizar los embargos preventivos sobre los bienes de los acusados por más de 741 mil millones de pesos y utilizar vías diplomáticas y redes oficiales para notificarlos, requisito necesario para avanzar hacia un juicio en ausencia.
Debate sobre el juicio en ausencia
La defensa pública de los imputados cuestionó la constitucionalidad de la Ley 27.784, que habilita a juzgar a personas prófugas. El planteo ya fue rechazado por Rafecas y por la Cámara Federal, pero la decisión final quedará en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
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