En un contexto de fuerte tensión política tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno Nacional ingresó al Senado el proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. La iniciativa busca modificar sustancialmente la Ley de Emergencia N° 27.793, una normativa que el Ejecutivo ha evitado aplicar a pesar de las insistentes órdenes judiciales.
El corazón de la propuesta radica en la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la legislación actual. Según especialistas, este cambio significa un retroceso hacia el modelo previo a la emergencia, eliminando el criterio de universalidad de la ayuda y limitando el alcance de las prestaciones. La decisión de iniciar el trámite por la Cámara Alta responde a una estrategia de la Casa Rosada para consolidar mayorías que le son esquivas en Diputados.
Uno de los puntos que genera mayor alerta es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales ante los organismos correspondientes. El texto advierte que aquellos que no cumplan con este requisito sufrirán la suspensión automática y posterior baja del beneficio.
Para reforzar esta fiscalización, el Estado cruzará datos entre la Ansés, Arca (ex AFIP), el SINTyS y otros entes públicos. Bajo este nuevo esquema, el Gobierno podrá aplicar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada, incluso antes de que el afectado pueda ejercer su derecho a defensa.
En términos económicos, el proyecto fija el monto de las pensiones en el 70% de la jubilación mínima. Sin embargo, elimina beneficios adicionales que rigen actualmente, como los aumentos por zona geográfica desfavorable (importantes para residentes de la Patagonia) y los conceptos vinculados específicamente a la invalidez laboral.
Asimismo, la reforma establece una «incompatibilidad absoluta» con cualquier empleo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad perdería su pensión si accede a un trabajo en blanco, eliminando así los incentivos de inclusión laboral que permitían mantener el beneficio mientras se iniciaba una actividad registrada. Además, se suprimen los programas de reconocimiento y beneficios impositivos para las empresas que contraten a personas del colectivo.
Finalmente, la iniciativa introduce cambios en el financiamiento que podrían afectar la calidad de la atención. Al habilitar convenios individuales entre la Nación y las provincias para la administración de fondos, el proyecto desregula el sistema de aranceles homogéneos.
Esto implicaría la desaparición virtual del «nomenclador único», permitiendo que las obras sociales y prepagas negocien sus propios valores. Este punto preocupa especialmente a las familias y prestadores, ya que rompe con el estándar de calidad igualitario que la Ley de Emergencia buscaba garantizar en todo el territorio nacional. Se espera que el debate en las comisiones del Senado sea arduo, dada la resistencia de los bloques que el año pasado votaron a favor de la normativa que hoy se busca derogar.
Seguinos