El Gobierno nacional dio un paso clave en la lucha contra el crimen organizado al autorizar la instalación y puesta en funcionamiento de inhibidores de señal de celulares en la totalidad de los pabellones de las cárceles federales. Hasta la fecha, esta tecnología se aplicaba de forma selectiva, priorizando únicamente a los internos de «alto perfil» o máxima peligrosidad.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 336/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa habilita el despliegue de dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI, herramientas técnicas diseñadas para identificar y anular de forma efectiva cualquier equipo de comunicación móvil que se encuentre dentro de los establecimientos penitenciarios.
El argumento central del Ministerio es la seguridad pública: aunque el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantiene un control estricto sobre los reclusos más peligrosos, se ha detectado que internos en pabellones comunes logran acceder a dispositivos móviles. Según los informes oficiales, estos equipos son utilizados para coordinar actividades delictivas en favor de diversas organizaciones criminales.
La nueva disposición no reemplaza las medidas de seguridad vigentes, sino que se suma como una capa tecnológica de control. Desde el SPF aclararon que los inhibidores convivirán con las requisas periódicas, que se seguirán realizando con la frecuencia habitual para decomisar objetos prohibidos.
En cuanto al respaldo jurídico, la resolución se fundamenta en:
La Ley 24.660: Si bien garantiza el derecho de los internos a mantener contacto con el exterior, prohíbe taxativamente el uso de teléfonos móviles.
Normativa de 2019: Se retoman los lineamientos que facultaron a las fuerzas federales para emplear tecnología de interferencia en situaciones que comprometan la seguridad nacional.
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