En una maniobra legal de último minuto, el Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El objetivo es frenar la obligatoriedad de los artículos 5 y 6, que ordenan la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de becas.
La presentación judicial busca revertir el fallo de la Cámara que validó la medida cautelar a favor de las universidades. Según el Ejecutivo, la aplicación de esta norma genera un «grave e irreparable perjuicio al Estado» al obligar a ejecutar gastos que no cuentan con una fuente de financiamiento específica en el presupuesto actual.
Dado que el conflicto llegará inevitablemente a la Corte Suprema, el Ejecutivo lanzó una jugada estratégica: pidió que los tres magistrados del tribunal se excusen de intervenir. El argumento es que, al ser todos docentes universitarios, existiría un conflicto de intereses. En su lugar, el Gobierno solicita el llamado a conjueces.
A pesar de la ofensiva legal, el reloj corre en contra de la Casa Rosada. Los plazos para iniciar las transferencias vencieron este viernes a las 9:30 horas. Al no haber obtenido aún un «efecto suspensivo» por parte de la Justicia, la obligatoriedad de enviar los fondos ya está técnicamente en vigor.
Desde el entorno del presidente Javier Milei reconocen la complejidad del escenario. Una fuente inobjetable de Casa Rosada confesó a medios locales: “Hoy en día no vamos a pagar porque realmente no tenemos la plata”. La responsabilidad de «hacer magia» con las partidas presupuestarias recae ahora sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El impacto financiero es masivo:
Monto en disputa: $2,5 billones de pesos.
Consecuencia política: El Gobierno admite que este pago implicaría el retorno del déficit fiscal, rompiendo el pilar central de su programa económico.
Mientras el oficialismo acusa al Poder Judicial de invadir facultades del Congreso, las cifras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reflejan una realidad dramática en los campus:
Caída presupuestaria: El financiamiento universitario sufrió un recorte real del 45,6% entre 2023 y 2026.
Pérdida salarial: Los sueldos del sector perdieron un 32% de poder adquisitivo, frente a una inflación que escaló al 280% en el mismo período, contra un aumento salarial de apenas el 158%.
Aunque existen antecedentes donde la Corte ha suspendido cautelares similares (casos como “César Arias” o “AEDBA”), en los pasillos de Tribunales creen que es poco probable que el máximo tribunal tome el caso bajo una medida cautelar, lo que obligaría al Ejecutivo a pagar en los próximos días.
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