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Rosario puso en marcha el protocolo antipicadas: multas de hasta $5,2 millones y secuestro de vehículos


Rosario ya cuenta oficialmente con un protocolo antipicadas para prevenir y combatir las carreras clandestinas en la vía pública. La ordenanza fue promulgada por el Ejecutivo municipal y publicada en el Boletín Oficial, por lo que la Secretaría de Control y Convivencia ya dispone de un procedimiento específico para intervenir ante este tipo de maniobras ilegales y otras conductas temerarias al volante.

La iniciativa, impulsada por la concejala Samanta Arias y aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, surgió a partir de los reiterados reclamos de vecinos de barrios como Alberdi, La Florida, Alvear y Mercedes de San Martín, además de denuncias sobre la Costanera Norte y la zona de bulevar Oroño y Lamadrid, donde las picadas se repetían con frecuencia.

El nuevo protocolo contempla tres etapas de actuación: intervenir en los puntos donde suelen concentrarse los participantes —como estaciones de servicio y playones—, desplegar operativos cerrojo para interceptar a los vehículos involucrados y secuestrarlos, y mantener tareas de monitoreo mediante cámaras de videovigilancia para evitar que los corredores vuelvan a reunirse. Además, la normativa habilita al municipio a coordinar acciones con comercios afectados y crea un programa obligatorio de concientización y reeducación vial para quienes sean sancionados.

La ordenanza también endurece las penas para quienes participen de picadas ilegales. Las multas podrán llegar hasta $5,25 millones, según la cantidad de reincidencias y el valor actualizado de la Unidad Fija. A esto se suman el secuestro del vehículo, restricciones para tramitar o renovar la licencia de conducir, inhabilitaciones de hasta un año e incluso el pedido de inhabilitación definitiva para conducir en los casos más graves. Además, se incorpora el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para modificar el rendimiento de los vehículos. «No alcanza con reaccionar después del daño. Esta ordenanza obliga al Estado a actuar antes de que la picada arranque», sostuvo la concejala Arias al presentar la iniciativa.

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