En un nuevo capítulo que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Banco Coinag confirmó el cierre definitivo de las cuentas pertenecientes a las firmas Servicios Lindor y Servicios Neurus. Ambas compañías están vinculadas directamente a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad madre del fútbol, y a su pareja, María Florencia Sartirana.
La decisión de la entidad bancaria, con fuerte presencia en Rosario, se tomó tras detectar operaciones «irregulares» durante el ejercicio 2025. Según informaron fuentes de la institución, se procedió a realizar los correspondientes Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La información ya forma parte del expediente que tramita en la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, a cargo de Pedro Simón. La causa apunta a una presunta estructura de corrupción bajo las siguientes modalidades:
Empresas «Fachada»: La fiscalía sostiene que Tapia y Toviggino habrían utilizado estas sociedades para ejecutar negocios ilícitos con fondos de la AFA.
Triangulación de fondos: Se detectaron transferencias de la AFA por más de $3.633 millones de pesos hacia un pool de empresas (Soma, Malte, Segon, Lindor y Neurus) integradas por el círculo íntimo del tesorero.
Facturación apócrifa: Las sociedades facturaban servicios inexistentes a la AFA para justificar el flujo de dinero y luego emitían facturas «inter-bloque» para borrar el rastro de los fondos.
Desde la entidad financiera aclararon que no son sujetos de investigación, sino que actuaron en cumplimiento de las normativas de cumplimiento (compliance) vigentes.
“Las cuentas solamente operaron durante el año 2025. Tras el monitoreo de debida diligencia, fueron reportadas y cerradas en diciembre”, explicaron desde el banco. Los fondos remanentes fueron transferidos a cuentas de las mismas firmas en el Banco Credicoop.
El fiscal Simón presentó un dictamen de 181 carillas en el que solicita la detención de 24 personas, incluidos Claudio “Chiqui” Tapia y el propio Pablo Toviggino. La imputación es por asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La red de supuestos testaferros alcanza bienes de lujo, como una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, cuya titularidad formal está a nombre de allegados que ya cuentan con antecedentes penales en otras jurisdicciones.
Por el momento, el juez de la causa analiza el pedido de detención y la inhibición general de bienes para todos los involucrados, mientras se evalúa implantar el secreto de sumario para proteger las nuevas medidas de prueba.
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