La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su sentencia contra la Argentina y dio por concluida la etapa de primera instancia en el juicio por la estatización de YPF. La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena millonaria y traslada la definición final a la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si acepta tratar la apelación presentada por el fondo Burford Capital.
Con esta orden, la magistrada puso fin a su intervención en la causa iniciada por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner. De este modo, quedó anulado el fallo emitido en 2023 que obligaba al país a pagar US$16.100 millones, una cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones.
La decisión se ajusta al pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al considerar que se había interpretado de manera errónea la ley argentina.
El tribunal de alzada sostuvo que la legislación argentina de expropiación impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio. Además, señaló que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. La vía de apelación ordinaria quedó agotada en junio, cuando el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión.
El turno de la Corte Suprema
Burford Capital, el fondo que financió la demanda presentada originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a comienzos de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su escrito, calificó la decisión de la Cámara como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.
Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense no está obligado a tomar el caso. Cada año recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 expedientes, sin plazos fijos para pronunciarse.
En paralelo, Burford inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Así, el fondo busca mantener abierta una segunda vía para reclamar contra la Argentina.
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