El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, que ahora deberá tratar la Legislatura provincial. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad, y de Gobierno e Innovación Pública, y fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.
El corazón de la propuesta es un sistema escalonado de medidas cautelares, pensado para que la respuesta estatal sea proporcional a la gravedad de cada caso.
Cuatro niveles de riesgo y respuestas proporcionales
Ante una denuncia, se realiza una valoración inicial y, si corresponde, una evaluación integral que clasifica el riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para definirlo se tienen en cuenta indicadores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas previas y llamados reiterados al 911. En los casos críticos, el proyecto habilita el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de una tobillera electrónica al agresor.
Ese último punto no es una idea nueva, sino la continuidad de algo que la provincia ya viene aplicando. En noviembre de 2025, Santa Fe había presentado las tobilleras electrónicas duales, que reemplazaron al tradicional botón de pánico y demandaron una inversión superior al millón de dólares. El sistema invierte la lógica de control: ya no es la víctima quien lleva el dispositivo, sino el agresor, monitoreado por GPS las 24 horas desde la Central 911. Según los últimos datos disponibles, de las 200 tobilleras compradas había 12 en funcionamiento en toda la provincia, cinco de ellas en Rosario.
«El agresor es el que se tiene que cuidar»
El proyecto también habilita arrestos conminatorios ante incumplimientos de órdenes judiciales. «A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras», señaló Cococcioni, quien remarcó que esos incumplimientos quedarán registrados y pesarán en evaluaciones de riesgo posteriores. El ministro definió la iniciativa como «un proyecto osado, fuerte» y explicó que su objetivo central es reducir las cargas que las situaciones de violencia de género proyectan sobre la víctima.
Ese eje se traduce en cambios concretos sobre cómo se tramitan las denuncias. El proyecto incorpora un diseño procesal regido por el principio de actuación de oficio: las denuncias podrán recibirse en cualquier comisaría u organismo, y ante una urgencia, cualquier tribunal podrá intervenir. Cococcioni cuestionó que hoy una víctima deba trasladar por sus propios medios documentación hasta la comisaría del domicilio o del trabajo del agresor, con el riesgo de cruzarse con esa persona: «El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales», afirmó. Las medidas de protección, además, tendrán vigencia inmediata, incluso antes de notificar al agresor.
De la reacción a la prevención
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini explicó que el proyecto busca pasar de un modelo reactivo, centrado en el hecho ya ocurrido, a otro basado en la prevención y la detección temprana. La funcionaria destacó que la iniciativa excluye de manera expresa la mediación y la conciliación en casos de violencia de género, e incorpora la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima como un elemento a tener en cuenta. «Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla, y eso está expresamente contemplado en esta ley», afirmó Travaini.
El proyecto prevé además la creación de un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, para evitar que la información sobre cada caso quede fragmentada entre distintos organismos del Estado. A eso se suma un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, orientado a fortalecer su autonomía económica y la de sus familias, y un equipo interdisciplinario especializado que evaluará situaciones, elaborará informes y acompañará casos junto a la Justicia. La propuesta se completa con estrategias territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión, en articulación con municipios y comunas.
El proyecto queda ahora en manos de la Legislatura provincial, que deberá darle tratamiento. Todavía no hay fecha confirmada para su debate.
Ante situaciones de violencia de género, se puede llamar de forma gratuita y las 24 horas a la Línea 144.
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