La Libertad Avanza (LLA) selló este viernes un capítulo clave para la gestión de Javier Milei. En una sesión de cuatro horas, la Cámara Alta convirtió en ley la reforma laboral, contando con el respaldo del PRO, la UCR y sectores del peronismo disidente. La votación terminó con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones (de los santacruceños Carambia y Gadano).
El texto que finalmente se aprobó fue el enviado por la Cámara de Diputados, que realizó una poda estratégica para garantizar el éxito de la ley. El cambio más significativo fue la eliminación del artículo 45, que pretendía reducir el pago de licencias por accidentes o enfermedades ajenas al trabajo (como lesiones en actividades recreativas), una medida que la oposición calificaba de «regresiva».
La ley introduce cambios estructurales en el mercado de trabajo argentino:
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema de capitalización para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán el 1% de la masa salarial y las MiPyMEs el 2,5%. Estos fondos, que antes iban al sistema previsional (SIPA), ahora financiarán los despidos.
Derecho a huelga y servicios esenciales: Se endurecen las condiciones para las medidas de fuerza. Los servicios «esenciales» (como educación y salud) deberán garantizar el 75% de prestación, mientras que los «trascendentales» deberán cubrir el 50%.
Blanqueo y multas: Se establece un perdón de hasta el 70% de deudas por aportes para quienes regularicen empleados informales, buscando reducir la litigiosidad.
Banco de horas: Se permite acordar jornadas de hasta 12 horas (respetando los descansos legales) y compensar horas extras con francos, flexibilizando el esquema tradicional.
Plataformas digitales: Los repartidores de aplicaciones pasan a ser considerados «trabajadores independientes», eliminando formalmente la relación de dependencia en ese sector.
El debate reflejó la profunda grieta ideológica sobre el empleo. Desde el oficialismo, la senadora Bullrich defendió la norma asegurando que busca «desmontar la mentira de que destruir empleo es defender derechos» y atacó la estructura sindical tradicional. Por su parte, el legislador Juan Cruz Godoy subrayó que el sistema actual «creó más juicios que empleo formal desde 2012».
En la vereda opuesta, el kirchnerismo, liderado por José Mayans, calificó la ley de «repugnantemente gorila» y advirtió que el valor salarial de Argentina es el más bajo de la región. Mariano Recalde (CABA) anticipó que la normativa enfrentará una fuerte resistencia en los tribunales: «Viola la Constitución y va a traer mucha litigiosidad», sentenció.
Un dato que no pasó desapercibido fue la inclusión de un anexo para el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Pese a las quejas por la falta de tratamiento previo en comisiones, la mayoría oficialista impuso lo que algunos senadores llamaron el «rodillo parlamentario», logrando una aprobación exprés sin resistencia efectiva de la oposición dialoguista.
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