El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó una denuncia penal contra el Movimiento Mahatma Gandhi, organización social de la ciudad de Santa Fe vinculada al dirigente Luciano «Chano» Rossi, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a un comedor comunitario.
La irregularidad fue detectada durante una de las auditorías de rutina que lleva adelante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Al cotejar la documentación presentada por la organización con los movimientos reales de la tarjeta asignada, se comprobó que los fondos —que debían destinarse exclusivamente a la compra de alimentos— habrían sido utilizados en McDonald’s, bares, restoranes céntricos y kioscos. En forma simultánea, se le dio de baja para la recepción de nuevos fondos provinciales.
Los recursos corresponden al Programa Tarjeta Institucional, una herramienta creada para fortalecer comedores y espacios comunitarios de toda la provincia, con el objetivo de garantizar alimentación sana y nutritiva para familias en situación de vulnerabilidad. El programa tiene una restricción explícita: el único habilitado para depositar fondos en la cuenta es el propio Gobierno Provincial, por lo que todos los consumos deberían estar vinculados a compras para los beneficiarios del programa.
El dirigente detrás de la organización
El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido por Luciano «Chano» Rossi hasta abril de 2024. El mismo dirigente fue exonerado de la Empresa Provincial de Energía (EPE) en julio de 2025, luego de comprobarse que de los últimos 2.103 días hábiles, solo había concurrido a trabajar en 651 y se había ausentado en 1.452.
Su ingreso a la EPE databa de julio de 2015, cuando el acceso al empleo en esa empresa era «hereditario» o por «derecho de sangre»: los trabajadores ocupaban la vacante que dejaba un familiar directo. Esa modalidad fue eliminada por la gestión actual, que estableció el ingreso por concurso abierto.
El mecanismo de control
Las auditorías que permitieron detectar estas irregularidades forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos transferidos a organizaciones sociales. Toda la información relevada fue puesta a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.
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