El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso este miércoles, acusado de liderar una asociación ilícita que desvió $425 millones de cuentas judiciales para cubrir deudas de juego. La jueza María Trinidad Chiabrera resolvió la prisión preventiva por 90 días para Ríos Artacho y otros cuatro presuntos organizadores: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia.
El resto de los imputados en la causa —Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri— habían recuperado la libertad un día antes, tras un acuerdo entre las defensas y la fiscalía.
Cómo operaba la maniobra
Según explicó el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, la maniobra se sostuvo durante siete años a través de las cuentas judiciales del Banco Municipal, donde se depositaban fondos correspondientes a fianzas, reparaciones a víctimas o dinero secuestrado en distintos procedimientos.
«En estos siete años se transferían los fondos depositados como fianza, como reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento, a personas que no tenían ninguna vinculación con el hecho investigado», detalló Spelta. Según describió, el dinero salía de las arcas del Estado hacia particulares que luego lo hacían circular en una estructura piramidal hasta llegar al propio Ríos Artacho, como fiscal responsable de las causas.
Sobre el universo de la maniobra, Spelta precisó que se relevaron 148 cuentas, de las cuales ya se analizaron 48, arrojando al menos 12 hechos delictivos. La actualización del monto desviado desde 2017 hasta la actualidad alcanza los $425 millones. De esas 12 causas, en nueve no se devolvió el dinero, mientras que en tres sí hubo retornos, algo que derivó en distintos cambios de calificación penal a lo largo de la investigación.
Los cargos
La causa incluye imputaciones por 21 hechos de peculado, 15 fraudes a la administración pública y 21 falsedades ideológicas de instrumentos públicos, que —según Spelta— eran la herramienta central para lograr las transferencias irregulares. El circuito, explicó, implicaba engañar primero a un segundo fiscal que debía validar la formalidad de los oficios, luego al banco y, finalmente, a la sociedad en su conjunto.
A esto se suma el cargo de asociación ilícita, que prevé una pena mínima de cinco años y que, según Spelta, agrava sensiblemente la escala penal en caso de sumarse el resto de los delitos imputados.
La ludopatía, un tema que también estuvo en la audiencia
La jueza Chiabrera consideró en su resolución que la ludopatía de Ríos Artacho es una enfermedad reconocida que deberá tenerse en cuenta al momento de fijar una eventual pena, aunque aclaró que de ninguna manera exime del reproche penal a los involucrados. Según relató Spelta, el propio Ríos Artacho reconoció los hechos delictivos individuales que se le imputan, pero intentó desligarse de la asociación ilícita —que prevé una pena más alta— como estrategia procesal. La jueza no aceptó ese planteo y dio por acreditada también la asociación ilícita.
«Es la punta del iceberg»
Según indicó Spelta, la investigación continúa abierta: todavía restan analizar unas 100 cuentas adicionales, por lo que no descartó que aparezcan nuevos hechos o involucrados. El fiscal también contó que ya recibió consultas de abogados que representan a víctimas o imputados en causas que en su momento estuvieron a cargo de Ríos Artacho, interesados en conocer el estado de esos expedientes.
«Nos sentimos defraudados institucionalmente»
La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, remarcó que la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos es un objetivo prioritario del organismo y que el caso se destapó hace menos de tres meses, a partir de un anoticiamiento interno de la propia unidad económica del MPA a través de los canales institucionales. La investigación, dijo, se desarrolló en apenas dos o tres meses pese a su complejidad.
«Uno se siente defraudado, no en lo personal, sino en lo institucional», admitió Vranicich, y remarcó que el Ministerio Público de la Acusación, desde que ella asumió la fiscalía general en 2023, «no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional». La fiscal general recordó además que el organismo ya tuvo fiscales condenados en el pasado y sostuvo que este tipo de causas podría sentar precedente para que otras jurisdicciones del país también investiguen irregularidades dentro de sus propias filas.
Seguinos