El Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra once gendarmes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial “Arroyo Seco” por integrar una asociación ilícita -entre otros delitos- que cometió al menos 12 hechos para apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca a granel. Éstas fueron incautadas de forma ilegal en procedimientos realizados en el peaje General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires y luego comercializadas en el mercado minorista. También se los acusa de haber recibido coimas y de encubrir hechos de contrabando.
La audiencia oral y pública ante el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, se desdobló entre el viernes 10 de abril y el pasado viernes 24. En ella, la fiscalía expuso las evidencias que sustentaron la imputación y solicitó las medidas cautelares y de coerción patrimonial y personal para los involucrados.
En este contexto, los fiscales auxiliares les adjudicaron los delitos de asociación ilícita en carácter de coautores, en concurso real con cohecho pasivo, y encubrimiento de contrabando por no haber denunciado los hechos estando obligados a ello. Este punto se agrava por el carácter de funcionario público y el incumplimiento de los deberes correspondientes.
Se les atribuyó, entonces, el haber formado parte de una organización criminal destinada a cometer ilícitos, entre el 19 de enero de 2025 y el 5 de mayo de 2025, con el fin de apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca en estado natural a granel, a fin de venderlos y obtener un rédito económico.
A pedido de la fiscalía, el juez dispuso para todos los imputados las obligaciones de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, de presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial o autoridad de sus lugares de residencia, y la prohibición de salir del país sin autorización previa. Además, ordenó el embargo preventivo de vehículos y la inhibición general para cada uno, con montos de entre 8 millones y 293 millones de pesos, con la finalidad de asegurar el decomiso de bienes.
En caso de resultar condenados por el delito de encubrimiento de contrabando podrían afrontar multas de entre 4 y 20 veces el valor de la mercadería objeto del delito.
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