A través del Decreto 302/2026, el gobierno nacional decidió aplicar de manera gradual los aumentos pendientes en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Una parte del ajuste entrará en vigencia este viernes 1° de mayo, mientras que el resto quedó postergado para el 1° de junio. Se trata de actualizaciones tributarias de 2024 y 2025 que habían sido diferidas en múltiples ocasiones.
En la práctica, la medida se traducirá en un incremento promedio del 0,5% en el precio de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio. En Rosario, los surtidores ya registraron una suba esta semana —el miércoles— pese al congelamiento de precios por 45 días anunciado por el presidente de YPF, Horacio Marín. Este nuevo ajuste podría provocar un incremento adicional. En el caso de YPF, el litro de nafta súper —la opción más económica de la empresa estatal— quedó fijado en 2.070 pesos.
El decreto también establece una actualización diferencial de 5,019 pesos para el gasoil en la zona patagónica ampliada, que abarca las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
Vale aclarar que el impuesto a los combustibles líquidos y el tributo al dióxido de carbono no se calculan como un porcentaje del precio final, sino que son montos fijos en pesos por unidad comercializada. Según la normativa vigente, estos valores deben actualizarse trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Dicha tarea corresponde a ARCA —organismo que reemplazó a la ex AFIP— y debe llevarse a cabo en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre anterior.
No obstante, el Ejecutivo viene postergando la aplicación completa de estos aumentos para evitar un impacto abrupto en los precios al público. En esta ocasión volvió a optar por una implementación parcial, con el objetivo de moderar la presión inflacionaria, sostener la actividad económica y gestionar un contexto internacional marcado por la volatilidad del precio del petróleo.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y se fundamenta en la necesidad de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible».
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