Provincia

Deudores alimentarios: Diputados aprobó el nuevo registro provincial con sanciones más duras


La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves, por media sanción, el proyecto de ley que crea el nuevo Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial y presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, y ahora deberá ser tratada por el Senado. La propuesta reformula por completo el sistema vigente e incorpora herramientas para que el incumplimiento de la cuota alimentaria tenga consecuencias concretas.

El texto aprobado es fruto de un trabajo conjunto entre distintos espacios políticos. Reúne iniciativas de Arena y de las legisladoras y legisladores Lionella Cattalini, Lucila de Ponti, Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz, además de una propuesta del Poder Ejecutivo y aportes de la mesa de trabajo convocada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En ese recorrido, Arena había presentado dos proyectos propios: uno para avanzar en el bloqueo del CUIT de las personas deudoras alimentarias y otro para prohibirles el ingreso a casinos y salas de juego. Ambas propuestas formaron parte de la discusión que dio origen al texto final.

“El trabajo colectivo y el diálogo entre distintas fuerzas políticas hacen posible avanzar en respuestas concretas. Santa Fe vuelve a ser pionera en legislación de vanguardia, con una prioridad clara: garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, remarcó la legisladora durante la sesión.

Más controles

Entre los cambios centrales, la iniciativa dispone que la inscripción en el Registro se realice desde el momento en que existe una cuota alimentaria fijada judicialmente. Además, establece dos categorías según la cantidad de cuotas adeudadas: personas morosas, con dos cuotas impagas en un año, y morosas agravadas, con seis. En este último caso, se prevé que el juez ordene de oficio la inhibición general de bienes.

Otro cambio relevante es que el registro pasa a la órbita del Poder Ejecutivo y deja de depender del Poder Judicial. Esta modificación permitirá elaborar y difundir informes estadísticos periódicos sobre el cumplimiento de las cuotas alimentarias en la provincia.

La ley también contempla restricciones para acceder a cargos públicos, postularse a candidaturas y obtener determinados beneficios tributarios. Asimismo, fija prohibiciones de ingreso a casinos, bingos, salas de juego y plataformas de apuestas en línea, e impide el cobro de premios a quienes figuren en el registro.

A su vez, incorpora mecanismos de control e intercambio de información entre organismos estatales, entidades privadas, la Justicia y empleadores. El objetivo es detectar con mayor rapidez las situaciones de incumplimiento y fortalecer el seguimiento de las obligaciones alimentarias.

“Cuando la cuota no se paga, alguien igual tiene que resolver la comida, la ropa, los útiles y los remedios. Y, en la enorme mayoría de los casos, esa responsabilidad recae sobre las mujeres. Esta ley les da a la Justicia y al Estado herramientas para que quienes incumplen sus obligaciones enfrenten consecuencias reales”, sostuvo Arena.

La diputada subrayó la importancia de avanzar hacia un sistema que haga efectivo el derecho alimentario. En ese sentido, insistió en que detrás de cada incumplimiento hay niñas, niños y adolescentes cuyos derechos deben ser garantizados.

Índice de Crianza

En la misma línea, Arena impulsó junto a otras legisladoras un proyecto para que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) publique mensualmente un Índice de Crianza de Santa Fe. La propuesta busca contar con un indicador propio que estime cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes en la provincia, contemplando tanto los gastos necesarios para su desarrollo como el valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado.

La finalidad es generar información pública que visibilice el costo real de la crianza y aporte a fortalecer las políticas públicas y el debate sobre las responsabilidades alimentarias. El proyecto será tratado ahora por el Senado provincial.

“El proyecto propone medir el tiempo de cuidado. Cuando hablamos de cuánto cuesta criar a un hijo, solemos pensar en la comida, la ropa o la escuela. Pero hay un costo que no figura en ningún ticket: el tiempo. Las horas de cuidar, llevar y traer, quedarse cuando hay fiebre o acompañar una tarea. Ese tiempo lo aporta, casi siempre, una mujer, a costa de su trabajo, su descanso y sus ingresos”, explicó Arena.

El Código Civil y Comercial ya reconoce que las tareas cotidianas de quien cuida tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Lo que todavía falta, según la legisladora, es que el Estado cuente con una herramienta para medirlo.

“Eso propone el Índice de Crianza: que Santa Fe mida todos los meses cuánto cuesta criar, incluido el tiempo de cuidado, para que ese trabajo deje de ser invisible y nadie pueda decir en un juzgado que quien cuida no aporta”, concluyó.

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