El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida fue dispuesta por instrucción del presidente Javier Milei y busca determinar si se incumplió la Ley 26.659.
Las actuaciones no alcanzan solamente a las compañías que participan directamente de los proyectos petroleros. También incluyen a accionistas y empresas que brindaron servicios para desarrollar esas actividades. Según había informado el canciller Pablo Quirno, unas 180 empresas fueron notificadas por su presunta vinculación con operaciones hidrocarburíferas en la zona.
La decisión se conoció después de que Milei anunciara, durante una cadena nacional, un endurecimiento de la política argentina frente a la explotación de recursos naturales alrededor de las islas. Entre las medidas se incluyó la modificación de los procedimientos previstos por la Ley 26.659 y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Desde el Gobierno remarcaron que la apertura de los expedientes no implica que las 45 personas o empresas ya hayan sido sancionadas. Ahora se deberán investigar los casos y determinar si existieron infracciones para definir, de corresponder, las sanciones previstas por la legislación argentina.
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