Una llamada anónima al 911 fue el punto de partida. En abril de 2025, alguien alertó desde una estación de servicio en Caucete, San Juan, sobre una joven que intentaba escapar de una camioneta con su bebé en brazos mientras era perseguida a pie. Cuando la policía detuvo el vehículo y la rescató, comenzó a develarse una historia que había arrancado tres años antes, cuando la víctima tenía apenas 13 años. Alberto Cristo (45), su esposa Isabel (46) y su hijo Franco (24), integrantes de la comunidad gitana, fueron condenados a 10 años de prisión por trata de personas con fines de matrimonio infantil forzado.
De acuerdo a la acusación, la familia pagó 825 mil pesos a los padres de la adolescente para forzar su unión con Franco, que en ese momento tenía 20 años y ella apenas 13. El matrimonio se concretó entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, bajo las tradiciones de la comunidad gitana.
Tras eso, los tres la trasladaron a Santa Fe, donde quedó sometida hasta finales de 2024. Durante ese período fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, obligada a trabajar en venta ambulante en condiciones extremas y a realizar todas las tareas domésticas de la familia. El dinero que obtenía debía entregarlo en su totalidad, bajo amenaza de quedarse sin comida. Estas exigencias se mantuvieron aun con mal clima, enfermedades y durante sus propios embarazos.
En diciembre de 2024, la víctima se trasladó a San Juan junto a Franco y el hijo que tuvieron en común, y comenzó a vivir con su propia familia. Pero en abril de 2025, los suegros viajaron hasta allí y, aprovechando un descuido, la obligaron por la fuerza a subir a una camioneta para llevarla de regreso a Santa Fe. Durante una parada en Caucete intentó huir con su hijo en brazos. Su suegra la persiguió a pie mientras los demás la seguían en el vehículo. Un testigo llamó al 911 y la policía logró interceptar la camioneta y rescatarla.
Una investigación que cruzó cuatro provincias
La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional en San Juan lideró el caso, con colaboración de unidades de Neuquén, Córdoba y Santa Fe. El trabajo incluyó el entrecruzamiento de información que permitió reconstruir una línea de tiempo precisa y establecer el rol de cada imputado en todas las etapas del sometimiento. El Ministerio Público Fiscal articuló acciones con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos (SIFRAI).
Condena
El juez federal Daniel Doffo condenó a los tres acusado a 10 años de prisión y fijó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, además del embargo de bienes y el decomiso de la camioneta usada como instrumento del delito. También ordenó que la sentencia sea comunicada en lenguaje claro a las comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe, y a la familia de la víctima, que hoy vive en Salta.
El fiscal Fernando Alcaraz fue directo: «El rito de matrimonio infantil se produjo en el marco de prácticas culturales de la comunidad gitana, pero ello no resulta explicación suficiente para la violación de los derechos de la víctima en territorio argentino«. La titular de la PROTEX, Alejandra Mángano, remarcó que el matrimonio infantil está prohibido por los tratados internacionales y que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos fundamentales de una persona.
Fue la propia víctima quien, pese a pertenecer a la comunidad, decidió escapar y relatar lo que vivió. Creció sin acceso a la educación ni a la salud, en un contexto de pobreza estructural que sus captores también aprovecharon para mantenerla bajo control.
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