El oficialismo, junto con el PRO, la UCR y bloques provinciales, logró hoy en la Cámara de Diputados un dictamen favorable para el proyecto de Inocencia Fiscal II, aunque con un cambio clave: los funcionarios de los tres poderes del Estado no podrán acceder a los beneficios que establece la iniciativa.
La Libertad Avanza reunió 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, lo que habilita al despacho para ser tratado en el recinto durante la sesión prevista para el 26 de agosto. El respaldo de esos bloques le garantiza al Gobierno los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley, un objetivo central para ampliar la base de contribuyentes que blanqueen dólares provenientes del mercado informal.
Del dictamen participaron 32 legisladores de La Libertad Avanza, uno del MID, dos de la UCR, uno de Independencia, dos de Innovación Federal, uno de Producción y Trabajo, y uno de Provincia Unidas con una disidencia parcial. La definición se alcanzó en el tramo final del plenario conjunto de ambas comisiones, encabezado por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, tras finalizar las consultas con funcionarios y especialistas.
Funcionarios sin beneficios
Una de las modificaciones más relevantes que introdujo el oficialismo es la exclusión completa de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones que otorga el régimen de inocencia fiscal. Podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como vía para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el saldo correspondiente, pero sin acceder a la presunción de exactitud, la exención de fiscalizaciones ni ningún otro beneficio tributario.
Esta exclusión alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública en los cinco años previos a la adhesión, y también hacia adelante. Rodríguez Machado fue clara al respecto: remarcó que los funcionarios quedan fuera del régimen, que la exclusión rige para quienes tuvieron cargos públicos en el último lustro y seguirá aplicándose a futuro, y que la transparencia en la función pública no admite excepciones.
Quiénes quedan alcanzados
- Poder Ejecutivo: funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado, tanto a nivel nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
- Poder Legislativo: legisladores nacionales y provinciales, integrantes de la Legislatura porteña, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.
- Poder Judicial y Ministerio Público: magistrados de todas las jurisdicciones.
- Órganos de control y enjuiciamiento: Defensor del Pueblo y sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de los Jurados de Enjuiciamiento.
Otros cambios del proyecto
El dictamen también elimina los topes de 1.000 millones de pesos en ganancias y de 10.000 millones en patrimonio que limitaban el ingreso al sistema, con el objetivo de sumar a grandes contribuyentes. Además, se incorporan alivios para las PyMEs, entre ellos una reducción del 25% en las multas por infracciones formales.
Estas medidas se suman a las ya previstas en el texto original, como el Régimen Especial de Reducción del 50% y la tolerancia de diferencias menores al 5% (sobre una base del 15%) en la declaración jurada, que no serán consideradas discrepancias habilitantes para que intervenga ARCA.
Rodríguez Machado resumió el espíritu de la norma señalando que no busca sancionar a quienes cumplen con sus obligaciones, sino ofrecer previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que se mantienen al día con el fisco.
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