Argentina rechazó este miércoles la reivindicación de soberanía que el Reino Unido presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y pidió a los jueces que dicten “ahora o nunca” medidas cautelares para frenar el inicio de la explotación de hidrocarburos en aguas de las islas Malvinas. El planteo se hizo durante la segunda audiencia del caso, en la ciudad alemana de Hamburgo.
En su alegato final, el jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen recordó que las Malvinas siguen figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización. Además, sostuvo que la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité de Descolonización son los organismos encargados de supervisar ese proceso y de definir cómo debe llevarse adelante en cada caso.
Kohen remarcó que la controversia no se limita a la soberanía sobre las islas, sino que también alcanza a los espacios marítimos del archipiélago. Por ese motivo, citó la resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a ambas partes a no tomar decisiones unilaterales mientras siga abierta la disputa.
El jurista también cuestionó que los alegatos británicos no mencionaran la existencia de un conflicto de soberanía, algo que describió como “el elefante en la habitación”. Y fue un paso más allá con una ironía: dadas las circunstancias y el lugar, afirmó que la parte británica más bien “no ve la ballena en la bañera”.
Un daño que, según Argentina, sería irreparable
El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la delegación argentina, puso el foco en la urgencia. Advirtió que, una vez perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar, y que solo este tribunal está en condiciones de actuar a tiempo para evitarlo.
El riesgo, según la postura argentina, tiene fecha: las perforaciones en el yacimiento Sea Lion comenzarían en marzo de 2027 y la explotación, un año después. Para el país, eso configuraría un “hecho consumado” imposible de revertir, ya que ningún otro tribunal podría intervenir antes de ese momento.
Schrijver explicó que el proyecto, cuya decisión final de inversión se aprobó en 2025, está en manos de la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%). Ya no se trata de buscar petróleo, sino de extraerlo mediante hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino, pensado para sacar más de 300 millones de barriles durante 30 años. Por eso insistió en que el daño sería irreparable: la plataforma continental quedaría modificada para siempre y el crudo extraído no volvería al yacimiento.
Qué pide Argentina y qué puede pasar
El asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, reiteró la oferta al Reino Unido de reanudar las negociaciones bilaterales para resolver “todos los aspectos” de la disputa, en línea con las resoluciones de la Asamblea General. Mientras tanto, aseguró que Argentina está dispuesta a firmar acuerdos provisionales de carácter práctico.
Oyarzábal pidió a los jueces que concedan las cuatro medidas solicitadas. En concreto, Argentina reclama que se impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion y el uso de la información obtenida en la exploración de recursos. También busca participar en la protección del medio marino en disputa y que el Reino Unido se abstenga de tomar nuevas medidas que agraven el conflicto.
Ahora, el tribunal deberá determinar si se cumplen las condiciones jurídicas para dictar medidas provisionales: que tenga jurisdicción inicial para intervenir, que los derechos invocados sean plausibles y que exista una urgencia que justifique decidir antes de que se conforme el tribunal arbitral que analizará el fondo de la cuestión. La resolución podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que las deliberaciones se extiendan algunos días más.
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