El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, confirmó la desestimación de la investigación contra tres psicólogas que habían sido denunciadas por falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores. Con esta resolución, el funcionario rechazó el pedido de revisión presentado por un grupo de denunciantes y convalidó lo decidido por las fiscales de la Unidad Fiscal especializada en Investigaciones Estratégicas, que habían archivado el caso.
Los denunciantes sostenían que las profesionales usaban patrones preestablecidos e informes sin rigor científico para respaldar denuncias de abuso sexual en contextos de disputas entre padres. Sin embargo, tanto las fiscales como el fiscal regional concluyeron que no existen elementos serios ni verosímiles que permitan avanzar con una acusación penal.
Por qué se descartaron los delitos
Sobre el falso testimonio, la resolución explica que no alcanza con discrepar con la metodología, la neutralidad o las conclusiones de un informe psicológico. Para que haya delito, debe probarse que la profesional mintió a sabiendas y de manera deliberada, algo que no surge de la evidencia. Además, se aclaró que el hecho de que los denunciantes hayan sido sobreseídos, absueltos o que sus causas se hayan archivado no demuestra por sí solo que las psicólogas hayan cometido un delito.
En cuanto a la asociación ilícita, se descartó que existiera una estructura organizada para delinquir, ya sea entre las profesionales o a través de la Asociación Civil AEVAS. Según la Fiscalía, coincidir en criterios de trabajo o cobrar honorarios no permite suponer, sin otras pruebas objetivas, un pacto criminal. También se descartó la corrupción de menores, ya que las evaluaciones fueron intervenciones profesionales para tratar y contener a niños, niñas y adolescentes, sin conductas que afectaran su desarrollo sexual.
La resolución aclara que el análisis se limita al plano penal. Si existen cuestionamientos éticos o sobre la práctica profesional, deberán ser evaluados por el Colegio de Psicólogos, que es el organismo que controla el ejercicio de la profesión.
Una investigación con múltiples medidas
Merlo consideró que la decisión de las fiscales fue ajustada a derecho y debidamente fundamentada. Según detalló, el archivo no se debió a falta de investigación: se revisaron legajos penales y civiles, se pidieron historias clínicas, se analizaron estatutos institucionales, se sumaron informes del Colegio de Psicólogos y se consultó a una experta en psicología infantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fiscal regional también señaló que las pruebas pedidas por los denunciantes fueron evaluadas, pero que no todas debían producirse si no eran pertinentes o podían afectar la privacidad e intimidad de los niños involucrados. Por otra parte, recordó que, según la Ley 13.013, la Fiscalía debe actuar con objetividad: analizar tanto lo que incrimina como lo que descarta un delito. Ser denunciante o víctima da derecho a participar del proceso, pero no obliga a los fiscales a adoptar una versión de los hechos que no esté respaldada por las pruebas.
Qué puede pasar ahora
Las partes fueron notificadas de que todavía pueden pedir una nueva revisión ante la Fiscalía General de la provincia, según el artículo 291 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Si ese organismo también mantiene la desestimación, los denunciantes podrán seguir adelante con la causa como querellantes exclusivos, una figura que les permite impulsar la acusación por su cuenta, sin la intervención de la Fiscalía.
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