El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a la investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora en el país del proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en el ambiente, en animales y en personas. La exoneración es la sanción más grave del empleo público nacional: implica el despido y la deja fuera de toda la administración pública.
La decisión la tomó el Consejo Directivo del INTA el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366, como cierre de un sumario administrativo que se extendió durante casi tres años. La investigadora rechaza las acusaciones, sostiene que la medida tiene un trasfondo político y anticipó que buscará llevar el caso a la Justicia.
Qué investigaba el proyecto SPRINT
El INTA se sumó en 2020 a SPRINT, un consorcio internacional coordinado por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos, y financiado con 14 millones de euros del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El objetivo era medir la exposición a plaguicidas en distintos sistemas productivos y aportar información para evaluar sus posibles impactos en la salud y el ambiente.
Con esos fondos, el equipo argentino analizó la presencia de más de 200 plaguicidas y documentó mezclas de agroquímicos en suelo, agua, orina, materia fecal y sangre. Uno de los resultados más relevantes fue que los productores convencionales presentaban concentraciones significativamente más altas que quienes trabajan con modelos agroecológicos. Las auditorías realizadas en la Argentina y en Europa sobre el manejo de los fondos fueron favorables.
Del freno a la difusión a la exoneración
El conflicto comenzó en 2023, cuando Aparicio recibió una notificación que le impedía difundir los resultados, y en junio de ese año el INTA suspendió la reunión en la que iba a presentarlos ante los productores que habían participado del estudio. En diciembre de 2023, el organismo la apartó del proyecto y abrió el sumario, y en 2024 decidió retirar al país de SPRINT.
Según la resolución, la exoneración se apoya en dos infracciones al régimen de empleo público: usar las facultades del cargo para fines ajenos a la función y hacer un uso indebido de recursos públicos. El INTA cuestiona la participación en el proyecto de José Luis Costa, investigador retirado y pareja de Aparicio, que tuvo acceso a datos reservados sin una designación formal. También objeta el uso de un comité de ética distinto al previsto, diferencias en el número de participantes respecto del protocolo y el envío de muestras a laboratorios de Países Bajos sin autorización institucional.
Al mismo tiempo, la propia resolución reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal para la investigadora, que no se determinó un perjuicio fiscal y que Aparicio no tenía antecedentes disciplinarios, aunque el organismo considera que eso no atenúa la falta. Además, ordenó informar los hechos a la Oficina Anticorrupción y pidió un informe sobre los fondos del proyecto para evaluar posibles reclamos patrimoniales. En el mismo expediente, el director de la EEA Balcarce, Facundo Quiroz, recibió 15 días de suspensión, y Eduardo De Gerónimo, 25 días, mientras que otros trece agentes investigados quedaron eximidos.
La respuesta de la investigadora y de la comunidad científica
Aparicio, que cuenta con 91 artículos científicos publicados y más de 3.100 citas, afirmó que no existe ningún elemento claro que justifique su salida de la administración pública. Para ella, el verdadero objetivo de la sanción es “generar miedo” entre los investigadores para que se autocensuren y dejen de estudiar temas sensibles. Con la resolución quedó agotada la vía administrativa, y junto a su abogado planea avanzar ahora por la vía judicial.
Organizaciones, académicos e instituciones de todo el país firmaron una carta de rechazo en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigar, y advirtieron que la medida sienta un precedente peligroso. Los gremios APINTA y ATE Conicet impulsan un formulario de adhesión contra la exoneración. Por su parte, el INTA difundió un comunicado sobre la resolución en el que no menciona a la investigadora y sostiene que la respuesta institucional es fortalecer la ciencia.
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